A tres años que se cumplirán el 11 de octubre próximo del asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, las incógnitas que todavía rodean el caso constituyen el indicio más concreto de que no ha existido mayor interés en procesar a los involucrados de manera directa o indirecta en el suceso.

Así lo entienden familiares y abogados de Ramírez, quienes con la decisión de la Procuraduría General de la República de desapoderar del expediente a la fiscal del Distrito Nacional, por primera vez se sienten esperanzados de que el crimen no quedará impune.

Desde su punto de vista la fiscal Rosalba Ramos ha tratado de proteger a sospechosos de participar en el horrendo suceso, que se habría fraguado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

La procuradora Miriam Germán Brito decidió asumir el caso y los expedientes sobre varios escándalos de corrupción en poder de Ramos como parte de una reingeniería “enfocada en la transformación integral de las indagatorias” y los procesos relativos a las supuestas violaciones. Los familiares y abogados de Ramírez confían en que los responsables del crimen no se saldrán con las suyas.