Las organizaciones sociales dominicanas dedicadas a la prevención, tratamiento, reinserción social y reducción de daños asociados al consumo de drogas denunciaron la grave falta de presupuesto y el abandono histórico que, aseguran, enfrentan por parte de las políticas públicas del Estado.
Estas entidades afirmaron que durante el período 2024-2025 operaron en condiciones de alta precariedad, a pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar a las autoridades y promover apoyos desde una perspectiva humana, compasiva y basada en derechos. Sus reclamos, sin embargo, fueron ignorados y solo recibieron promesas que nunca llegaron a materializarse.
Recordaron que, a inicios de 2025, acogieron con optimismo la designación de un académico de prestigio en el Consejo Nacional de Drogas (CND), lo cual fue interpretado como una señal de transformación para una política pública que consideran anclada en enfoques arcaicos. No obstante, un año después, aseguran que no se han producido cambios concretos ni avances visibles en la materia.
Las organizaciones advirtieron que nunca antes el CND y el sector social vinculado a la reducción de la demanda de drogas habían estado tan deprimidos en términos presupuestarios. Explicaron que, tras sucesivas modificaciones a la Ley 50-88 y la aprobación de nuevas normativas sobre lavado de activos, fueron excluidos de los recursos que anteriormente percibían, incluidos los fondos provenientes de bienes incautados por violaciones a las leyes de drogas.
Señalaron que, a pesar de que el CND es el organismo rector de la política nacional sobre drogas, también ha sido excluido de una asignación de recursos adecuada, lo que limita severamente su capacidad operativa. A esta situación se suma, según afirmaron, un presupuesto nacional que no refleja una voluntad real de cambio.
