La Federación de camioneros Fenatrado incurre en un despropósito al convocar a un paro durante los días martes y miércoles, lo que causará serios trastornos en el transporte de alimentos, materias primas, productos terminados y materiales de construcción, con el consiguiente daño a la economía.
Esa paralización en el transporte de carga se produciría a menos de dos semanas del día de las votaciones, lo que consolida el criterio de que se trata de una acción temeraria, cuyos objetivos parecen alejados de las razones que se alegan para su convocatoria.
El presidente de Fenatrado, Blas Peralta, ha dicho que el llamado a paro es en reclamo del pago a sus afiliados de unos 300 millones de pesos de deudas acumuladas durante varias administraciones gubernamentales, que ese gremio pretende cobrar en los finales de una intensa campaña electoral.
A tal extremo ha llegado ese monopolista cártel de dueños de camiones que la Junta Central Electoral (JCE), ante el riesgo de un boicot, tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas para garantizar la distribución de los materiales que serán usados el día 20 en los colegios de votaciones.
Dos días de paralización en el transporte de carga, y quién sabe si la intención sea la de extender la huelga, significa pérdidas millonarias para los sectores industrial, comercial y agropecuario y un mayúsculo trastorno en el abastecimiento de mercancías a los diferentes canales de comercialización.
Sin enjuiciar la legitimidad de los reclamos, la acción de Fenatrado es descabellada e inoportuna porque afectaría también el proceso de organización y montaje de las elecciones y crearía un ambiente perturbador a pocos días de la fecha de votación.
Lo menos que se puede reclamar de la dirección de Fenetrado es que retire hoy mismo ese llamado a paro de camioneros, o que al menos permita que vehículos de otras empresas realicen labores de transporte de carga sin ser agredidos como ha ocurrido en otras ocasiones.
El próximo gobierno, de cualquiera de los partidos que compiten en las elecciones, tendrá que abocarse a una democratización del sistema de transporte de carga que ponga fin a un odioso monopolio, cuyos controladores tienen desde hace muchos años un cuchillo sobre el cuello de la economía y la libre empresa.

