El presidente Luis Abinader anunció que la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija reglas para que la ejecución del gasto público no aumente más del 7 % al año y que al 2035 el tope de la deuda pública no exceda al 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), comenzará a aplicarse a partir del próximo año.

Ese estatuto, promulgado el 17 de julio de 2024, ofrece un marco adecuado para el ordenamiento de la política fiscal por el lado del gasto y del endeudamiento, lo que según el mandatario garantizaría estabilidad económica, financiera y confianza en los mercados.

En víspera de una reforma tributaria, la vigencia de esa ley se torna imprescindible porque obliga al Gobierno a cumplir normas con topes específicos sobre ejecución del gasto público, así como mantener niveles de endeudamiento en torno al 40 % del PIB, cuyos intereses conllevan el pago RD$22.00, por cada cien pesos que ingresan al Estado.

Pese al liderazgo regional en términos de estabilidad macroeconómica, control de inflación y crecimiento económico, República Dominicana figura entre los países que aún no cuentan con una ley de Responsabilidad Social, lo que eleva significativamente el costo por el servicio de la deuda.

El mandatario cree que ese estatuto ayudará a reducir el gasto público con mayor eficiencia y control en los recursos destinados al bienestar general de la población, en tanto que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sostiene que promoverá transparencia en la gestión de recursos y estabilidad financiera.

Se resalta que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un techo de un 3 % más el nivel de inflación al crecimiento del gasto público primario del Gobierno, que representa la suma de las erogaciones corrientes y de capital, excluidos los pagos por concepto de intereses de la deuda pública.

El Ministerio de Hacienda situó al 30 de junio de 2024 el saldo de la deuda del sector público no financiero en US$55,730.2 millones, equivalentes al 44.9 % del PIB, por lo que del tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal al 2035, requiere reducir casi cinco puntos porcentuales.

Sin la aplicación de esa ley que fija reglas para el diseño y ejecución del gasto público y establece tope al endeudamiento público, de poco serviría la reforma tributaria que se propone emprender el Gobierno, porque el abordaje al déficit fiscal debe incluir aumento en los ingresos fiscales, pero también calidad en el gasto y reducción de la deuda pública.