Santo Domingo. – El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, depositó este martes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados de la República Dominicana un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo completo para la atención de casos de desaparición, con un enfoque central en la urgencia de la búsqueda y la coordinación institucional.
El legislador explicó que la iniciativa tiene como eje principal la creación de un protocolo de búsqueda urgente que agilice los procesos de localización, junto con la Comisión Nacional Coordinadora de Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas, estructura concebida como un órgano interinstitucional permanente para dirigir todas las acciones en el territorio nacional.
En materia de tiempos de respuesta, Raposo enfatizó que el protocolo establece un punto clave: la activación de todas las acciones deberá realizarse dentro de las primeras 24 horas contadas a partir de la recepción de la denuncia, sin que pueda exigirse ningún plazo mínimo de espera.
«Este aspecto de urgencia es el corazón del proyecto, porque cada minuto cuenta cuando se trata de encontrar a una persona desaparecida», destacó el congresista.
Integración interinstitucional
La Comisión que dirigirá el protocolo estará coordinada por la Defensa Civil Dominicana y contará con la participación del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional de la República Dominicana, los Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.
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El proyecto también contempla la creación de Subcomisiones Provinciales y Municipales, con el objetivo de extender el protocolo a nivel local y garantizar cobertura en todo el país.
Cinco ejes fundamentales
El diputado detalló que el protocolo de búsqueda urgente se estructura en cinco ejes fundamentales: la denuncia libre de plazos, que podrá realizarse ante múltiples instituciones; las acciones inmediatas de verificación en hospitales y centros de detención; la recolección de información con apoyo de tecnologías de geolocalización; la difusión de alertas públicas para movilizar recursos; y el cierre del caso con seguimiento médico y psicológico cuando sea necesario.
«El protocolo también incluye medidas estrictas de responsabilidad: cualquier incumplimiento injustificado será una falta grave administrativa, y se prevén responsabilidades penales si se pone en riesgo la vida de la persona desaparecida», indicó el congresista al referirse a las garantías de cumplimiento incluidas en la ley.
Plazos para su implementación
La propuesta establece plazos claros de ejecución. El Poder Ejecutivo deberá dictar el reglamento de aplicación en un plazo de 90 días, mientras que la Comisión Nacional deberá estar constituida en 60 días después de la promulgación de la ley.
«Este proyecto es una respuesta clara a la demanda de las familias y de todo el pueblo dominicano por un sistema de búsqueda urgente que realmente funcione», concluyó Raposo.

