Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas del Estado correspondientes a obras públicas realizadas por pequeños contratistas, así como trabajos de mantenimiento correctivo en centros educativos, supervisiones y labores de asfaltado.

La iniciativa busca regularizar, de manera excepcional y por una sola vez, las obligaciones económicas derivadas de obras ejecutadas sin contratos formales o sujetas a reformulación presupuestaria, con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y correcto uso de los fondos públicos.

El proyecto reconoce como acreedores del Estado a ingenieros, empresas contratistas y demás entidades ejecutoras incluidas en el listado oficial de la ley, quienes realizaron obras debidamente concluidas, recibidas y actualmente en funcionamiento en distintas comunidades del país.

Amplio debate legislativo

La aprobación se produjo tras un extenso debate en el hemiciclo, en el que participaron diputados de las distintas bancadas políticas con representación en la Cámara.

Antes de iniciar las discusiones, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) sostuvieron encuentros con los bloques mayoritarios para explicar el alcance y la importancia de la pieza legislativa.

Instituciones incluidas en la ley

La normativa abarca deudas contraídas por el Estado a través de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), la Junta Central Electoral (JCE), la CAASD y la OISOE.

Quizas te interese: Extranjera haitiana desarma seguridad de tienda china en Bávaro y hiere varias personas

Asimismo, incluye compromisos del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y del INAVI, actualmente asumidos por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), además de cualquier otro ente público contemplado en el listado oficial de la ley.

Impacto en el sector construcción

Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso busca dar respuesta a cientos de pequeños contratistas que mantenían pagos pendientes por obras ya ejecutadas, al tiempo que se establece un marco legal para cerrar procesos administrativos que se encontraban en situación irregular.

La pieza legislativa pasa ahora a las siguientes etapas del proceso constitucional para su promulgación y entrada en vigencia.