Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó este martes cuatro proyectos de leyes entre ellos el que crea el Colegio Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales de la República Dominicana.
La iniciativa, autoría del diputado Venerado Castillo, estará integrado por todos los traductores e intérpretes judiciales actualmente en ejercicio en el país de conformidad con la ley, así como por los que en adelante cumplan con los requisitos de la Ley número 327-98, en su artículo 80, que modifica el artículo 99 de la Ley 821, de 1927.
Los diputados también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el distrito municipal Pedro Sánchez, municipio El Seibo, provincia El Seibo, del diputado Jean Luís Rodríguez.
También fue refrendado con el voto favorable en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre “Miguel de la Cruz” la cancha municipal de Hato Mayor del Rey, ciudad cabecera de la provincia Hato Mayor. La iniciativa es del diputado Cristóbal Venerado Castillo.
De igual forma, fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que declara el segundo domingo de octubre de cada año como “Día del Dominicano que Reside en el Exterior”, de la autoría del diputado Marcos Genero Cross.
Mientras que fue a la Comisión Permanente de Justicia a plazo fijo de una semana el proyecto de ley general de alquiler de bienes inmuebles y desahucios.
La decisión fue tomada luego que los voceros Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Ronald Sánchez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hicieran la solicitud para dar la oportunidad de hacer algunos ajustes.
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El órgano de control de alquiler de bienes inmuebles y desahucios estará a cargo de la Procuraduría General de la República, instancia que ejercerá esas funciones con jurisdicción nacional y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la propuesta de ley.
eza legislativa, de la autoría de los diputados Demóstenes Martínez y Henry Merán, tiene por objeto dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler y sub-alquiler de bienes inmuebles, ya sean alquilados o sub-alquilados totalmente o por partes.
