La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha sugerido que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sea transferida a la Procuraduría General de la República, bajo el alegato de que la Constitución del Estado así lo dispone, aunque quienes objetan ese pedido creen que el Texto Sustantivo en ese aspecto ha sido mal interpretado.

Es verdad que la investigación penal y persecución de crímenes y delitos conforme a preceptos constitucionales está a cargo del Ministerio Público, pero también debe decirse que el tráfico de drogas ilícitas y crímenes conexos ha sido tipificado en más de una convención internacional como crimen de lesa humanidad, por tanto de jurisdicción ilimitada o innominada.

La DNCD ha sido conformada de acuerdo a esa visión supranacional de combate al narcotráfico internacional, con filosofía y estructura similares a la Drug Enforcement Administration (DEA), de los Estados Unidos, que en 1968 sustituyó a la antigua Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (Bureau of Nacotics and Dangerous Drugs (BNDD).

Se sabe que en la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero proveniente de ese flagelo han sido derribadas todas las barreras jurisdiccionales, por vía de tratados bilaterales y multilaterales, de manera que ese crimen pueda ser perseguido en cualquier país por medio de colaboración entre Estados y agencias antidrogas.

Es menester señalar que el Ministerio Público nunca ha estado ajeno a las diligencias que realiza la DNCD para perseguir, apresar y someter a la justicia a infractores de la ley 50-88, pues las diligencias procesales en esa dirección son encaminadas por fiscales, la mayoría de los cuales laboran en propias sedes de esa agencia.

Se reconoce la debilidad del argumento de que el titular de la DNCD sólo despacha con el presidente de la República, para esgrimirlo como contra a la petición de que la DNCD pase a ser dirigida por la Procuraduría General, lo que debería señalarse es que las operaciones de ese organismo no colisionan con el papel del Ministerio Público como jefe de la investigación penal.

Difícil es descifrar las razones verdaderas por las cuales se pretende impulsar tan descabellada iniciativa que obraría en perjuicio de la lucha contra un crimen definido como de lesa humanidad, junto a la trata de personas y el terrorismo.

En vez de debilitarla o de reducir su rol a un departamento del Ministerio Público, lo sensato sería que el Gobierno procure fortalecer a esa agencia antidrogas y garantizar su relativa autonomía para que pueda insertarse libre de burocracia procesal en los esfuerzos supranacionales que se encaminan para combatir al narcotráfico internacional.