Informes recientes de la CEPAL y del FMI confirman lo que muchos intuían: la economía, que venía creciendo a un promedio del 5% durante los últimos 16 años, se ha desacelerado hasta alrededor del 2.5%. ¿Qué ocurrió? Aunque el turismo, las remesas y las exportaciones siguen siendo pilares robustos, varios factores han comenzado a pesar más de lo esperado.
Entre ellos, la incertidumbre política y las masivas repatriaciones de trabajadores haitianos indocumentados.
A nivel internacional, las políticas comerciales de Estados Unidos —en especial los aranceles impulsados durante la administración Trump— siguen generando tensiones que afectan la economía global. Poco podemos influir en ello. Sin embargo, en el plano local sí hemos tomado decisiones con consecuencias directas, particularmente en nuestra relación con Haití, donde han prevalecido las presiones de grupos ultranacionalistas y discursos xenófobos.
Los efectos ya se sienten. Sectores clave como la construcción y la agricultura han reducido notablemente su aporte al PIB. La construcción, que representa cerca del 35% de la actividad económica, ha sufrido la falta de mano de obra que tradicionalmente aportaban los trabajadores haitianos. Lo mismo ocurre en el campo: sin quien siembre y coseche, la producción se detiene, los costos suben y la inflación golpea a los hogares.
Paradójicamente, quienes celebraban las deportaciones semanales ahora escuchan las súplicas de productores y empresarios que piden detenerlas. Se habló mucho del supuesto “alto costo” de atender a mujeres embarazadas, pero poco se informa sobre en qué se emplean ahora los recursos ahorrados y cómo se relacionan con escándalos recientes como el fraude en SENASA.
No pasará mucho tiempo antes de que la realidad económica obligue a replantear el rumbo. El Gobierno tendrá que impulsar campañas de concientización y regular de forma clara la presencia de trabajadores extranjeros, porque el turismo —por fuerte que sea— no basta para sostener el crecimiento si la agricultura y la construcción se paralizan.
Mientras tanto, las deportaciones masivas no solo generan costos económicos, sino también humanos, obligando a miles de personas a regresar a un país sumido en una profunda crisis.
La comunidad internacional parece mirar hacia otro lado, y República Dominicana no es la excepción.
Queremos seguir creciendo hasta convertirnos en una nación prospera donde también se respeten los derechos de todos aquellos que aportan a nuestra economía. Ignorar esta nueva realidad económica sería un error grave. El país necesita soluciones, no consignas.
