La Constitución de la República arriba hoy a su 172 aniversario, con múltiples huellas de violación que se evidencian en las 40 modificaciones de la que ha sido objeto, 33 de las cuales han sido para legalizar intentos de prolongación de mandatos presidenciales.

El Texto Sustantivo, votado el 6 de noviembre de 1844, fue prontamente aguijoneado por la intolerancia del poder político, como lo demuestra la imposición del presidente Pedro Santana para que se incluyera en su seno el artículo 210 que le concedía poderes dictatoriales.

La Asamblea Constituyente, que sesionó en San Cristóbal, sufrió presiones de fuertes intereses económicos que pretendían que previamente aprobara un empréstito oneroso con Inglaterra, así como por el manifiesto intervencionismo ejercido por el cónsul francés, Eutache Juchereau.

Sucesivos dictadores y tiranos mancillaron la Constitución, a través de burdas modificaciones o simplemente la equipararon con un pedazo de papel sin ninguna significación jurídica, lo que fue motivo de graves crisis políticas, cruentos levantamientos populares y de guerras civiles.

A pesar de su dilatado calvario, la Constitución que sirvió de alfombra para la fundación del Estado nacional, ha sobrevivido a todas las formas de intolerancia y represión, para erigirse hoy en el documento vital que sostiene al régimen de derechos y libertades.

El Tribunal Constitucional, egregia figura jurídica nacida de la Constitución de 2010, tiene el compromiso de vigilar por el fiel cumplimiento de todos sus artículos y de impedir que cualquier poder del Estado o de la sociedad se atreva a agredirla o violarla.

Los dominicanos están compelidos a literalmente sujetarse de las manos y formar un círculo alrededor del Texto Sustantivo en señal de protección, defensa y de obediencia a la Ley de Leyes, que a su vez se erige como fortaleza de la democracia.

Al conmemorarse hoy tan trascendente efeméride, preciso es advertir que cualquier aventura antidemocrática o intento de intolerancia chocará de frente contra un pueblo que jamás renunciará al ejercicio y disfrute de sus derechos individuales y difusos consagrados en la Constitución de la República.