EDITORIAL: ¿Injerencia?

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La irrupción del secretario de Estado Mike Pompeo como interviniente en el debate en torno a una posible modificación constitucional para habilitar la repostulación del presidente Danilo Medina no debería ser motivo de festejo ni de duelo, sino de reflexión.
El canciller de Estados Unidos llamó por teléfono al mandatario dominicano para expresarle que su gobierno desea que los actores políticos de aquí preserven las instituciones democráticas y la Constitución, sobre lo cual recibió la seguridad del presidente Medina.
Tal vez resulte difícil poder definir las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense como un acto de intromisión en los asuntos dominicanos, aunque tampoco pueden ser comparadas con una misa responsorial, por lo que se requiere que la clase política las asuma con elevado sentido previsor.
En su conversación telefónica con el presidente Medina, el secretario Pompeo tuvo especial cuidado en evitar que lo que dijo o dejó de decir fuera interpretado como reprimenda, advertencia o negación en torno a un hipotético escenario de confrontación institucional.
El jefe de Estado fue también cauto en su respuesta a Pompeo, al señalar que aun cuando no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones de 2020, “puede tener la seguridad que cualquiera que sea mi decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes”.
Los gobiernos de los últimos años han ejercido de manera amplia y contundente prerrogativas soberanas, como la apertura de relaciones diplomáticas con Cuba y China, defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ciudadanía y migración y su cercanía con gobiernos progresistas de antaño como los de Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Los intervinientes en el debate político nacional no deberían alentar la participación activa en el escenario de confrontación de refuerzos foráneos, cuyos niveles de influencia o dominio suelen desbordar incidencias coyunturales y llegar a afectar a la misma médula del fuero soberano.
El presidente Danilo Medina, el liderazgo del partido oficialista y la clase política están compelidos a agenciar los remedios que ofrecen la Constitución y las leyes para encaminar de forma efectiva la resolución de conflictos mayores o menores, sin necesidad de recurrir a la mano de hierro o de seda del hermano mayor.