Editorial

Editorial: Valle Nuevo

Editorial: Valle Nuevo

El Tribunal Superior Administrativo rechazó un pedido de suspensión provisional del desalojo dispuesto a partir de hoy por el Ministerio de Medio Ambiente contra personas o empresas asentadas en terrenos del Parque Nacional de Valle Nuevo.

A partir de esa sentencia queda expedito el camino para que las autoridades procedan con el cumplimiento de la resolución que prohíbe los cultivos, granjas avícolas, porcinas, hatos ganaderos o talas de árboles en esa zona protegida por la ley.

En ese parque nacional, ubicado en de la Cordillera Central, nacen decenas de ríos, cuyos cauces recorren ambos lados de esa serranía, por lo que su protección se considera como de alta prioridad ambiental, que también se otorga a todas las zonas protegidas.

Se admite que el desalojo de Valle Nuevo causa un perjuicio económico a empresas, productoras y parceleros que el Gobierno debe al menos aliviar, aunque el cumplimiento de la ley no debería ser objeto de negociaciones.

La construcción de las diferentes presas que operan en el territorio nacional conllevó el desalojo de miles de familias asentadas por muchos años en las zonas de esos embalses que fueron ubicadas en otros lugares, una experiencia que puede ser repetida en Constanza.

Ese desalojo afecta a decenas de familias y empresas que cultivan diversos frutos o crianza de animales, con las cuales las autoridades deberían promover un tipo de diálogo o negociación basado en la irrenunciable premisa de que en ese parque están prohibidas las actividades agropecuarias.

El ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de impedir la degradación de los parques nacionales, sin importar si sus ocupantes se dedican al sembradío de conucos o si cultivan miles de tareas o instalan costosas granjas o extensos hatos, porque, como se señala en la sentencia de referencia, el interés general está por encima del particular.

Ojalá que autoridades y ocupantes de Valle Nuevo arriben a un acuerdo satisfactorio que no drene el cumplimiento de la ley, por lo que toda solución debe conllevar al desalojo de esa zona protegida.

El Nacional

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