La contratación pública en este país es desastrosa. No importa su naturaleza. Se trate de una obra; de compra de bienes y servicios o del personal llamado a suplir necesidades del aparato estatal.

En las infraestructuras se amañan licitaciones y se trafican sobornos. Las compras recaen sobre productos de pésima calidad y precios elevados. En cuanto a recursos humanos, continúa siendo requisito innegociable la adhesión incuestionable a directrices del pensamiento político prevaleciente por encima de aptitudes para desempeñar cargos.

Respecto al último aspecto, los empleados, eso explica no solo el horrible servicio que se ofrece a los usuarios sino, lo que es más penoso, que no se ejecuten las políticas públicas idóneas porque el criterio politiquero resulta insuficiente para diseñar estrategias adecuadas que conduzcan a solucionar nuestros problemas ancestrales.

Hace una semana ocurrió un hecho revelador de lo primitivo que continúan siendo los parámetros que determinan el ingreso y permanencia en un puesto público. Juan Miguel Pérez Vargas fue despedido del Ministerio de Educación y al comunicarle la infausta noticia se le informó que obedecía a órdenes superiores como consecuencia de las opiniones que vertió en un programa de televisión, las cuales constituían su valoración profesional de aspectos trascendentes del acontecer nacional que en nada se referían a sus funciones públicas.

Solicitó que se le notificaran por escrito las razones de la decisión y apenas le han respondido con estribillos manidos a los cuales se recurre cuando no se tiene el coraje de admitir la verdad. Él no está escamoteando el derecho de ejercer una desvinculación laboral.

Está reclamado el suyo de tener constancia de los reales motivos, máxime que, en su caso, se le informó de manera verbal lo que se le niega por escrito.

Se trata de un acto de intolerancia, antidemocrático, agravado por proceder del Ministerio que dirige la red educativa, lo que permite colegir que ese es el espíritu con el cual se forman nuestros jóvenes.
Para colmo, se ha echado a la calle un profesional de recia formación.

Educado en los centros más prestigiosos de Francia, donde sus egresados son captados por el Estado o por importantes empresas. Doctorado de la Universidad de Columbia, conferencista en eventos de altísimo nivel académico. Lo hacen pagar un alto precio por ejercer su prerrogativa de opinar.

No les importa que quien sufre las consecuencias de acciones tan mezquinas, es el sistema del que tanto y falsamente se ufanan.