República Dominicana figura entre las naciones donde las colectividades asumen conciencia sobre el valor de la democracia y sus instituciones, activo cívico y jurídico que los poderes públicos juran defender, respetar y preservar. A ese compromiso se deben los niveles de gobernanza social y estabilidad política que vive el país.
Aun con el golpetazo que ha sufrido por la interrupción de las elecciones municipales, el espacio democrático no ha sido ingresado a cuidados intensivos, aunque resultan válidos reclamos ciudadanos para que se investiguen las causas de ese suceso que impidió el derecho inalienable al sufragio.
Una muestra de que el orden institucional no padece de ningún coronavirus ha sido que contingentes policiales y tropas militares distribuyen flores, banderas y agua embotellada a la multitud de jóvenes que se congrega en la Plaza de la Bandera para proclamar defensa a la democracia y reclamar derecho al voto.
La protesta denominada “Trabucazo 2020”, realizada en el mismo lugar, transcurrió sin ningún tipo de incidentes, lo mismo que el tradicional desfile militar en la avenida George Washington. Tampoco hubo militarización o patrullaje excesivo en barrios populares o sectores residenciales.
Gobierno, partido oficialista, oposición política, empresariado, autoridades electorales, iglesias y otras entidades cívicas y académicas coinciden en definir la suspensión de las elecciones de febrero 16, como suceso que colma de vergüenza e indignación a toda la sociedad.
Cruza el umbral de la unanimidad el pedido de que el 15 de marzo se celebren elecciones municipales libres, limpias, transparentes y concurridas, lo que al menos aliviaría el golpetazo que significó la interrupción de los comicios, herida que sólo cicatrizará cuando se sepan las causas y los responsables de esa aberración.
Todos, al menos públicamente, comparten el anhelo de que los comicios presidenciales y congresuales del 17 de mayo cumplan también con los más altos estándares de pulcritud por la salud de la democracia, gobernanza y estabilidad.
Lo que corresponde ahora es que mansos y cimarrones halen la cuerda en dirección al cumplimiento del cronograma trazado por la Junta Central Electoral (JCE) para la celebración de elecciones en marzo y mayo, en el entendido de que la democracia sanará del golpetazo sufrido, sin necesidad de que por ningún interés espurio se vierta vinagre sobre una herida que no debe volverse cancerígena ni hacer metástasis.
