El economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, asegura que la crisis que afecta al sector eléctrico en República Dominicana es de naturaleza política y no técnica, al señalar que la mayor parte de la población no paga el servicio y que los pocos que lo hacen pagan mucho, además de que casi todas las empresas y hasta las familias instalan sus propios generadores.

Ese funcionario sostiene que todo el mundo aquí conoce el problema, que se caracteriza según él por muchas pérdidas, impago, baja producción, apagones y una excesiva presencia de soluciones privadas a un tema central y de fondo que debería ser resuelto de manera colectiva.

La importancia no está solo en lo que se ha dicho sino en quién lo ha dicho, nada menos que el jefe para todo el continente del Banco Mundial, la institución multilateral que más ha presionado al Gobierno para que procure una solución a la crisis eléctrica basada en incrementar la cobranza, aumentar la tarifa y disminuir las pérdidas técnicas.

No es común que un funcionario de ese nivel en el Banco Mundial se atreva a responder a título personal o en su condición de jefe regional, declaraciones de un jefe de Estado en torno a un problema tan serio como el que agobia al sector eléctrico, como lo ha hecho el señor De la Torre desde Japón.

Por lo dicho por ese funcionario, se intuye que Banco Mundial, Fondo Monetario ni Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mantendrán su añeja e intransigente posición de que un pase de revista a la crisis eléctrica no incluya la revisión de los contratos con empresas generadoras de electricidad ni se intente modificar el escenario de negocios en esa industria, donde las reglas operan para que unos intervinientes obtengan grandes rentabilidades y otros cuantiosas pérdidas.

No se niega que el drama eléctrico tenga un componente político que traba algún tipo de solución basado sólo en el incremento de la tarifa como pretendió el FMI en 2001 y más antes el propio Banco Mundial, pero también posee un componente técnico y contractual que se requiere abordar para conjurar relaciones de negocios entre el Estado y particulares basadas en contratos viles o con serios vicios de consentimientos.

Se sabe que en República Dominicana opera el mayor número de generadores privados, incluidos acumuladores de energía (inversores), que el sector productivo y la población emplean para afrontar los apagones, pero debe admitirse que un aumento de un 20 por ciento en la factura eléctrica sería irrespirable para las empresas y las familias.

Como se trata de un problema con componentes políticos y técnicos, lo mejor sería que, ahora que se debatirá el arribo a un pacto eléctrico, el Gobierno acepte aplicar medidas para incrementar las cobranza, pero que los organismos multilaterales, en especial el Banco Mundial, cesen su padrinazgo al tipo de empresa que prevalece en el sector eléctrico basado en contratos que fomentan monopolio, oligopolio y otras prácticas desleales de negocios.