El ejercicio de justicia que observa el país, específicamente los procesos contra la corrupción y la impunidad, es el resultado del compromiso hecho por el jefe de Estado el 9 de diciembre de 2020, cuando presentó un conjunto de iniciativas para enfrentar ese mal a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado.
Para los peledeístas resulta chocante lo que está ante sus ojos que, durante años de gestión pública de sus gobiernos, dejaron en estado de saqueo al Estado y formaron una red de multimillonarios a costa del sufrimiento y penurias de la población humilde.
Abinader prometió en los albores de diciembre de 2020 que crearía las bases de un nuevo Estado, fuerte, plural y transparente, en el que los ciudadanos constituyan el centro de la atención pública y lo haría a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos.
Danilo Medina asumió el poder el 16 de agosto de 2012 y desde su campaña presidencial enfatizó en que lucharía contra la corrupción. Proclamaba entonces que seria “enérgico contra la corrupción”, y que aquel que se equivocara “debería rendir cuentas y pagar”. Cuando llegó el final de su mandato, ninguna de sus promesas fue materializada. Contrario a esto, sus gobiernos han quedado marcados por la mancha de la corrupción, incluso al extremo de haber alcanzado a miembros de su familia.
Sólo han pasado dos años y siete meses desde que Abinader proclamó, justo el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, que su propósito con los planes anticorrupción era “cambiar ya y para siempre a nuestro país”. Mientras, varios Ministerios, Direcciones y otros órganos de Administración durante los gobiernos peledeistas de Danilo Medina estaban asfixiados por una fiebre corrupta que infestaba al Estado.
Abinader lo tenía claro a su llegada al poder y, por eso, explicaba a su tiempo que sus iniciativas buscaban blindar, desde el punto de vista legal, a las principales instituciones para que el futuro del país “jamás dependa del capricho o de los intereses de un líder o de un partido político”. Su compromiso de hace más de dos años es lo que el país está observando ahora, una campaña sin freno para recuperar el patrimonio obtenido mediante actos de corrupción.
Siguiendo esta línea se contrató a un equipo de abogados para que como actores civiles acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales sobre hechos de corrupción, para recuperar el patrimonio robado.
Por: Miguel Lara Valdez
