En el PLD están defendiendo ahora la Ley 340-06 que su propio líder político propició quebrantar para poner en marcha el plan de intervención de todos los centros de salud pública. Pero la violación de la Ley sobre Compras y Contrataciones no solo fue vulnerada en el caso de la construcción y remodelación de los hospitales y su equipamiento despreciando toda regla de licitación, sino que los tentáculos se extendieron a través de numerosas instituciones del Estado.

Durante la Administración de Medina, las ramificaciones de estos grupos abarcaban a la Policía Nacional, con la venta de 220 millones de pesos en combustible, y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en un sinfín de contratos y licitaciones. Igual ocurrió en el Ministerio de Salud Pública con el suministro de medicamentos y en la OISOE con la asignación en el equipamiento de 56 hospitales, por valor de 43,000 millones de pesos.

En la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) se investigaron sobrevaluaciones, contratos amañados, asignaciones fraudulentas y sobornos por montos superiores a los 5,000 millones de pesos y en la Unidad de Electrificación Rural (UERs), con adjudicaciones fraudulentas de obras y sobornos. Los casos llegaron hasta el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), mediante el suministro de cemento asfáltico AC-30, por unos 3,500 millones de pesos.

El alcance y sus implicaciones comprenden un abanico bastante amplio que iba desde influyentes despachos del Palacio Nacional, autorizando exoneraciones de impuestos aduanales e ITBIs, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por cientos de millones de pesos. Hubo maquillaje de auditorías de muchas instituciones y Ministerios, algo que consta en el expediente de la Operación Caracol, que involucra a pasados jueces de la Cámara de Cuentas.

En este caso se investigó la alteración de cubicaciones en las que están implicados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, en el pago irregular por parte de la OISOE durante la transición de gobierno, de 922 millones de pesos a la compañía Domedical Supply, sin la evidencia de recepción de los equipos. El entramado facilitaba el pago de expropiaciones que involucran a la Contraloría, Bienes Nacionales, Catastro y el Banco de Reservas, por más de 30,000 millones de pesos.

Por: Mario Lara Valdez