Pese a los graves problemas económicos que atraviesa la universidad del Estado nunca como ahora, en su campus de su sede central, se había observado un clima de estabilidad en la docencia, sin incidentes ni protestas de ninguna índole. Ese clima de paz obedece posiblemente a que el rector, doctor Iván Grullón, ha sido respetuoso de los derechos de los estudiantes, profesores y empleados.

Pero los gremios de profesores, empleados y estudiantes acaban de demandar al gobierno un aumento presupuestario del 5%, para poder incrementar los salarios de sus servidores en un 40% —como forma de compensar la inflación acumulada durante tres años— y responder al enorme crecimiento de la matrícula estudiantil y optimizar todas las funciones de la academia.

Es un pedido que necesariamente amerita la aprobación de la opinión pública, pues la academia estatal es la única que ofrece la oportunidad a los jóvenes pobres de dotarse de una profesión y servirles dignamente a su país. En la actual coyuntura, de ahogamiento económico, es imposible que la UASD pueda operar, razón por la que sus sindicatos planifican protestas exigiendo una partida adecuada del Presupuesto General del Estado.

De todos modos, las protestas que desarrollen los universitarios deberían de ser pacíficas. La UASD tiene razones de sobra para demandar el presupuesto que le corresponde. Y el derecho a la protesta está establecido constitucionalmente. Pero ¡Cuidado! Cuidado con que estas justas protestas sean infiltradas por individuos desaprensivos, que provoquen incidentes y alteren el orden público.

Muchas veces tenemos razón en la exigencia de conquistas determinadas, pero por los métodos usados al canalizar esos pedidos perdemos moral. Bien lo hacen las autoridades de la UASD al celebrar una conferencia de prensa, exponiendo las graves precariedades de la institución, como forma de concienciar a la población.

Es la misma población que sabe que el año venidero es electoral y que muchas instituciones del Estado serían sacrificadas para así el PLD disponer de miles de millones de pesos, los cuales usaría en la compra de conciencia, en su pretensión de retener el poder político, aunque instituciones como la UASD se ahoguen y no puedan seguir operando al servicio del pueblo.