Se menciona como primer caso de corrupción en el actual gobierno, el de un funcionario de Salud Pública quien supuestamente cobraba dinero por diligenciar designaciones en esa dependencia, una anomalía revelada por el ministro Plutarco Arias, cuya pesquisa fue asumida por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

Sin que se conozca aún el nombre del implicado, la noticia ha tenido gran difusión a través de la prensa convencional y redes sociales, señal de que la ciudadanía está deseosa de que las autoridades inicien el sometimiento a la justicia de presuntos prevaricadores.

Las expectativas levantadas por el Gobierno y el Ministerio Público sobre la persecución del peculado se elevan casi al infinito con reiteradas promesas de que serán revisadas todas las declaraciones juradas de bienes de pasados y actuales funcionarios y que en algunos expedientes ya en los tribunales se dará apertura a una segunda investigación.

Expresiones como “vamos por todos y con todo” o de “expedientes 2.0”, atribuidas a representantes del Ministerio Público impiden conciliar el sueño a muchos exfuncionarios, pero tal parece que el primer ahogado en la lucha contra la corrupción correspondería a un miembro del actual gobierno.

En otros tiempos, cobrar por agenciar designaciones en un ministerio, como presuntamente se atribuye a un innombrado funcionario, tipificaría como una suerte de “indelicadeza”, pero esta vez se acude al Código Penal, que lo señala como crimen de prevaricación.

En ánimo de que en ese y en todos los casos de peculado se aplique sana administración de justicia, debería señalarse que aún la persona imputada de violar la ley penal no ha sido formalmente procesada o sometida a los tribunales, por lo que se invoca en su favor el principio de presunción de inocencia.

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental no es un destacamento policial ni una fiscalía, sino una institución que investiga denuncias sobre violaciones a normativas administrativas que si colisionan con la ley penal, los expedientes de referencias son remitidos al Ministerio Público.

Sin importar por donde se comienza, la población aspira a que el Ministerio Público cumpla con su obligación de perseguir, investigar, someter y dictaminar en todos los casos de peculado, prevaricación o corrupción, una ingente labor que debe realizarse sin estridencia, prisa ni pausa, pero con valor y determinación.