El proyecto de extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, iniciado antier por el Gobierno, representa el deseado perfil que debe exhibir y defender el Estado dominicano para mostrar su capacidad de emprender y dirigir grandes planes de desarrollo con solvencia ética, financiera y técnica.
La obra que extenderá ese sistema de transporte desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos, conlleva una inversión de 506 millones de dólares y estaría concluida en 24 meses con la habilitación de cinco estaciones.
El Metro de Santo Domingo representa un buen ejemplo de que el Estado está en capacidad de emprender y administrar por propia cuenta proyectos de envergadura económica o social, los cuales pueden ser objeto de ampliación o modificación, cuando las circunstancias así lo determinen.
En la ampliación de la línea 2 del Metro participan 24 empresas “netamente dominicanas”, otro buen ejemplo de que el sector privado puede participar en emprendimientos oficiales sin necesidad de sustituir o reemplazar las calidades públicas.
Se admite la conveniencia o factibilidad en algunos casos de tipos de alianzas público privada en los cuales el sector privado asume la conducción o dirección del proyecto, pero sin que el Estado pierda o extravíe derechos u obligaciones amparadas en la Constitución de la República
El presidente Luis Abinader, quien encabezó la ceremonia de apertura de esos trabajos, tiene el mérito adicional de que ha respetado la continuidad del Estado y de acometer una obra de gran repercusión social y económica, que incluye un teleférico y que generará más de 2,500 empleos.
La aleccionadora experiencia del Metro de Santo Domingo debería motivar a reflexión colectiva en torno al destino del consorcio Punta Catalina, que a pesar de los pesares opera con normalidad, genera utilidades y representa un factor de equilibrio en el complicado mercado de la generación eléctrica.
La iniciativa presidencial demuestra que el Estado puede y debe ser siempre visionario, oportuno, fuerte y eficiente para que nunca más sea mercadeado por intereses particulares como un ente insolvente e inhábil que no puede valerse por sí mismo.
