Como si lucharan en pareja, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue los pasos al Banco Mundial (BM) en el conveniente discurso de responsabilizar de manera exclusiva al Gobierno dominicano por el recrudecimiento de la crisis eléctrica, sin aceptar que sus imposiciones han sido también causales principales de ese desastre.

El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Miguel Savastano, dijo a Listín Diario que los esfuerzos fallidos para conjurar la crisis eléctrica durante 2011 y 2012 son de la exclusiva responsabilidad de las autoridades dominicanas, lo que resulta una historia contada a media, pues se sabe que ese gendarme pretendió imponer de golpe y porrazo un incremento en la tarifa eléctrica de un 17 por ciento.

Savastano tampoco dijo que esa fue la causa del rompimiento del acuerdo con el FMI en 2011 y el motivo por el cual el Gobierno no pudo acceder a créditos por más de 500 millones de dólares, lo que también debilita su aseveración de que ese gendarme no impone criterios sobre políticas públicas, pues nunca aceptó el pedido de que se procurara una receta menos nociva y más integral.

En el mismo escenario donde se celebra el encuentro anual del FMI, en Tokio, el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, dijo que la crisis del sector eléctrico dominicano es de naturaleza política y no técnica, lo que enlaza muy bien con su colega del FMI, que responsabilizó al Gobierno por no aceptar un aumento de tarifa en medio de un proceso electoral.

Lo que no dijeron o quisieron ignorar De la Torre y Savastano ha sido que el Banco Mundial y el FMI nunca han permitido que las autoridades dominicanas ausculten los contratos de generación eléctrica ni que promuevan un clima adecuado de negocio en esa industria que permita salir del círculo vicioso que representan las únicas soluciones aceptadas basadas en aumento de las tarifas, disminución de las pérdidas técnicas e incremento de las cobranzas.

No ha habido forma de poder precisar las razones por las cuales el kilovatio hora es más caro que el ofertado en Puerto Rico, cuyo ensamblaje de generación es similar al dominicano, con la desventaja de que el sistema boricua no ofrece energía proveniente de caída del agua.

El director del FMI tiene razón al señalar que la crisis eléctrica dominicana data de más de 40 años sin que se apliquen soluciones definitivas, como también es cierto que el recetario incluye un componente político, como ha dicho el economista en jefe del Banco Mundial, pero ambos funcionarios pretenden ignorar que en todas las pócimas que se han ofrecido, los intereses de uno de los intervinientes resultan intocables.

Lo que se exige al FMI y Banco Mundial es que, además de aumentar la tarifa eléctrica, disminuir las pérdidas técnicas e incrementar las cobranzas, se permita revisar contratos de operación de empresas generadoras y productores particulares a los fines de consolidar un sector eléctrico basado en la transparencia, donde se respeten reglas de juego que desechen formas de monopolio, oligopolio u obligaciones viles que hoy custodian gendarmes y embajadores con mentalidad colonizadora.