Santo Domingo.– Representantes de sectores productivos, académicos y comunitarios de la provincia San Juan de la Maguana solicitaron al Gobierno que el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Romero cuente con la supervisión de entidades científicas y académicas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la transparencia, rigurosidad técnica y legitimidad del proceso.

El llamado surge tras la reciente aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Términos de Referencia (TDR) que guiarán la elaboración del estudio ambiental del proyecto. Esta evaluación determinará la viabilidad ecológica de la mina, la cual contempla una operación subterránea para la extracción de cobre, oro y plata.

Los comunitarios insistieron en que el proceso debe ser inclusivo y contar con el acompañamiento de instituciones como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), organismos internacionales especializados y representantes de la comunidad local, la más directamente impactada por el proyecto.

“Con la participación de la Academia de Ciencias, organismos internacionales y el propio Gobierno, confiaríamos en un estudio ponderado y serio”, afirmó Roberto Villegas, gerente de la Junta de Regantes del Valle de San Juan. “Por eso hacemos un llamado al presidente de la República y al ministro de Medio Ambiente para que incluyan estos actores clave”.

Félix Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, se sumó a la petición:

“Lo que exigimos es simple: que en ese estudio participen instituciones con credibilidad como la Academia de Ciencias, la UASD y organismos internacionales. Nosotros, los productores, también debemos ser parte”.

En la misma línea, Víctor Rojas, presidente de la Asociación de Ganaderos de Pedro Corto, reiteró la necesidad de asegurar un proceso riguroso e independiente:

“Pedimos que el estudio de impacto ambiental sea validado por instituciones académicas y organismos internacionales que garanticen la veracidad de sus conclusiones”.

Desde el sector académico, Pedro Mateo, miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, enfatizó que el proceso debe ser estratégico, participativo y con veeduría ciudadana.

“No se trata solo de un estudio técnico. Debe haber participación pública, fiscalización de entidades confiables y un enfoque que considere la situación ambiental integral de la zona”.

Por su parte, Evangelina de los Santos, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan, alertó sobre la necesidad de evitar conflictos de interés:

“Estos estudios deben incluir la participación de entidades internacionales sin vínculos con la minera y de instituciones como la Academia de Ciencias, para asegurar imparcialidad y credibilidad”.

Los distintos sectores coincidieron en que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto Romero debe sustentarse en un estudio ambiental riguroso, transparente y avalado por voces autorizadas, dada la sensibilidad ecológica y el impacto potencial sobre la vida económica y social del Valle de San Juan.