ESTOCOLMO, SUECIA.- El día a día de los diputados suecos del nuevo Parlamento, elegido en septiembre, estará impregnado de la austeridad habitual en ese país: despachos de siete metros cuadrados, apartamentos pequeños para funcionarios y límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes en el ejercicio de la actividad parlamentaria.
Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios de otros países, como presupuesto para fletar aviones, ayuda para el alquiler, dietas, contratación de asesores particulares, ayuda para gastos médicos, guardería pagada para los hijos y fondos para la divulgación del mandato, entre otras cosas.
Además, en Suecia la inmunidad parlamentaria es un concepto que no existe.
“Somos ciudadanos comunes”, cuenta a BBC News Brasil el diputado Per-Arne Hákansson, del Partido Socialdemócrata, en su despacho del Parlamento sueco.
“No tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven.
Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país”, añade Hákansson.
A cada inicio de mandato, los 349 diputados suecos reciben -igual que el presidente del Parlamento- una tarjeta anual para utilizar el transporte público. Y también un amplio código de ética que va acompañado de información sobre el restringido uso de los fondos públicos y las normas de conducta para la actividad parlamentaria.
Los carros oficiales son pocos, y tienen uso limitado. El Parlamento posee solo tres vehículos, del modelo Volvo S80. Esta flota solo está a disposición del presidente del Parlamento y sus tres vicepresidentes para actos oficiales.
“No es un servicio de taxi”, explica René Poedtke, del sector administrativo del Parlamento. “Los carros no sirven para llevarlos a casa o al trabajo”.
En Suecia, el único político que tiene derecho a carro de forma permanente es el primer ministro. El carro pertenece a la flota de la policía secreta sueca. Los ministros pueden pedir vehículos “cuando tengan fuertes razones para necesitarlo”, según dice un asesor del gobierno.
Subirse el sueldo
El salario bruto de un diputado del Parlamento sueco es de 66.900 coronas suecas al mes (unos 7.200 dólares). Tras pagar los altos impuestos, el salario neto es de aproximadamente 40.000 coronas suecas (unos 4.300 dólares), lo que equivale a menos del doble de lo que gana un profesor de primaria en Suecia.
Si un diputado tiene la base electoral fuera de Estocolmo, puede solicitar el llamado ‘traktament’, una ayuda para los días de la semana en los que trabaja en la capital del país. Esta ayuda, exclusiva para los parlamentarios que no tienen residencia permanente en la capital, es de 110 coronas suecas (unos 12 dólares).
Un vistazo a los precios de Estocolmo da una noción de lo que se puede comprar en la capital sueca con 110 coronas: un café con tres o cuatro ‘bullar’ (los tradicionales panes dulces suecos que acompañan el café), o una pizza con un refresco, o una ración del tradicional plato de ‘köttbullar’, las albóndigas suecas con mermelada de arándanos rojos y puré de patata. En los pequeños restaurantes populares, un plato cuesta de promedio unas 100 coronas suecas.
Hasta 1957 los diputados del Parlamento sueco ni siquiera tenían salario: solo recibían las contribuciones de los miembros de los partidos.
La decisión de establecer salarios para los parlamentarios se tomó, según consta en los archivos del Parlamento, tras llegar a la conclusión de que ningún ciudadano debería verse “impedido de convertirse en diputado por razones económicas”. Pero el valor del salario no debería “ser tan alto como para volverse económicamente atractivo”.
Y ningún diputado tiene el privilegio de aumentarse el salario: en Suecia, los salarios de los parlamentarios los determina un comité independiente llamado Riksdagens Arvodesnämd.
Este comité está formado por tres personas: el presidente, que por regla general es un juez jubilado, y dos representantes, que suelen ser ex funcionarios públicos o periodistas. El comité lo nombra la Mesa Directiva del Parlamento.
“No hay ningún parlamentario entre nosotros, somos un comité con independencia garantizada por la Constitución. La Mesa Directiva del Parlamento no puede darnos ninguna directriz”, afirma su presidente, Johan Hirschfeldt.
