La procuradora general de la República, doctora Miriam Germán, presentó ayer un prontuario de lo que sería su gestión caracterizada por un proceder ético y jurídico sustentado en la Constitución, los códigos, respeto a los derechos de los procesados, a los que advirtió que no serán tratados con paños tibios.

Al dibujar el perfil que impregnará al Ministerio Público, la magistrada Germán se empeñó en colorear con la misma tonalidad e intensidad su propósito de no tolerar corrupción, narcotráfico o cualquier otro delito, con las seguridades de que las investigaciones serán realizadas sin violentar derechos y apegadas a la ley.

Por su largo historial como servidora judicial, que incluye experiencia como fiscal adjunta, juez de primera instancia, apelación y de la Suprema Corte de Justicia, se da por descontado que los dictámenes estarán siempre sostenidos en la legalidad y alejados de intereses extrajudiciales.

La Constitución y el Código Procesal Penal encomiendan al fiscal o al procurador la misión de prevenir crímenes y delitos, perseguir a infractores de la ley penal, recabar las evidencias y pruebas de cargo que sustenten la acusación y permitan aplicar al justiciable la pena condigna con la ofensa probada.

Es claro que en entre las obligaciones o deberes de la procuradora general no se incluye el instaurar un patíbulo, sino representar a la sociedad en los procesos judiciales y, aunque parezca extraño, garantizar los derechos de propios procesados contra los cuales acciona en justicia.

Complace saber que entre las prioridades citadas por la magistrada Germán se menciona “un apego riguroso y transparente a los criterios de profesionalización de la función, el fortalecimiento de las técnicas investigativas y el respeto a la Constitución, las leyes y las normativas internacionales”.

Otro aspecto relevante en lo prometido por la procuradora general se refiere a la legalidad de las pruebas que presenten los fiscales ante los tribunales, “que se harán con profundidad”, por haber sido recabadas “sin violar derechos y apegadas a la ley”, que “podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los procesados a través de los recursos legales a su disposición”.

La comunidad jurídica y la sociedad toda estarán muy pendientes y confiados en el cabal cumplimiento del prontuario de promesas formuladas ayer por la procuradora general, para que el Ministerio Público desempeñe su rol de prevenir y perseguir los crímenes y delitos, así como sanción penal contra los infractores, de quienes también se erige como garante de sus derechos.