UBI RIVAS

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define quienes somos y no dominicanos, debe preservarse y mantenerse incólume, ante el asomo de vulnerarla reflejado en el Proyecto de Ley de Naturalización remitido a la Cámara de Diputados el día 15 del presente mes por el presidente Danilo Medina y aprobada al vapor a menos de 24 horas de enviada, otra prueba de festinación y ausencia de raciocinio, ponderación y estudio de un Congreso que hace tiempo debió disolverse por inoperante.

El proyecto de ley pretende establecer un régimen especial para los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en RD, y entre los alegatos que expone el presidente Medina al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualpa Martínez Durán, esgrime un argumento incierto cuando expresa que extranjeros residentes en el país de un centenar de naciones confrontan esa situación, cuando sabemos que los nacionales de los países que el gobernante mencionó registran a sus nacidos, menos el calamitoso y complicado vecino haitiano.

Haití nunca registra a sus nacionales empezando porque carece de un registro de acta de nacimientos, uno de los factores que definen al incómodo vecino como Estado fallido, habida cuenta de que es imposible con esa anomia convocar a un certamen cívico para escoger a sus autoridades incluido al Presidente de la República, con el lastre de esa anomia perversa con fines de evidente dominación por saturación demográfica, propósito magno de la fusión de la antigua isla Española en un solo Estado dominado por Puerto Príncipe.

En los cinco capítulos que el presidente Medina remitió a los diputados no mencionó ni una sola vez la palabra soberanía, que es precisamente lo que está en peligro de extinción, como muchas especies de la vida humana, animal y vegetal, y es uno de los aspectos que genera mayor preocupación en quienes aspiramos preservar la identidad dominicana conforme la concibió el Patricio Supremo de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez, “libre de toda potencia extranjera, o se hunde la isla”.

En esos cinco capítulos en los que se perciben la coyunda sutil como invisible del poder fáctico económico, es reiterativo el espíritu de conciliación, proclive a documentar a cientos de miles de ilegales haitianos nacidos en territorio dominicano a quienes se proveería de una documentación que valide la nacionalidad dominicana, propiciando el jefe del Estado la ilegalidad, habida cuenta de que lo correcto es que esos nacionales ilegales procuren su acta de nacimiento en su país, identificados por sus ancestros, y no el Estado dominicano proporcionarles indebidamente un documento de nacionalidad que no les corresponde ni merecen legalmente.

Es en ese contexto, no en el mamotreto que impulsa el presidente Medina, por donde debe ensartarse el hilo en el ovillo para elaborar el tejido de conceder solicitudes de residencia temporal o definitiva, como se estila en todos los países, y no la ciudadanía que deviene en irregular porque la nutre un factor de presión fáctico, y que el presidente Medina ha decidido drenar por el atajo de la complacencia a ese sector poderoso que percibe ingresos por sobre los mil millones de dólares anuales en bienes que exporta al engorroso vecino, sacrificando el principio sagrado, innegociable é imperecedero de la soberanía nacional.

Conforme una expresión recurrente del inolvidable patriota y eminente sociólogo doctor Juan Isidro Jimenes Grullón, “bien visto el punto”, el presidente Medina debió inspirarse para remitir su ponencia de naturalización a los diputados, primero en las 29 batallas, escaramuzas y pleitos que libramos los dominicanos de la coyunda de dominio por 22 años de Haití, entre 1844-1856, que de no haberlo leído, con satisfacción le cedo una copia escrita por el suscrito.

Segundo, invitar al gobernante detenerse en estudiar la II Guerra de Los Balcanes (l99l-95), sus horrores incluyendo el genocidio y la limpieza étnica de los serbios contra los albaneses y como éstos penetraron firme en el tiempo logrando escindir a Serbia y proclamar el 17 de febrero del 2008 la República de Kosovo, apoyados por Estados Unidos y su sumiso aliado, la Unión Europea.

Tercero, convidar al presidente Medina observar como Rusia consiguió reciente proclamar la República de Crimea, porque la mayoría de sus residentes rusos, penetraron sigilosamente con el respaldo del último zar de Rusia, Vladimir Putin, acción que Estados Unidos rechaza, diferente a cuando apoyó la proclamación de la República de Kosovo, desmembrando la República de Yugoslavia que fundara el mariscal Josip Broz Tito al finalizar la II Guerra Mundial (1939-45).

Afortunadamente y para preservar la soberanía nacional y compelir a los ciudadanos haitianos a que regularicen su status civil en su país, no en el nuestro, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en la vigencia y aplicación de las leyes, y reincidirá en la sentencia 168-13 para resguardarnos de la fusión de la isla, como concibió el antiguo auriga esclavo Toussaint L Overture.