En 2008, denuncié que mi teléfono móvil era intervenido, con el mismo sistema como se hizo con las telecomunicaciones de la Magistrada Miriam Germán: El Ministerio Público, al momento de hacer la solicitud al juez correspondiente sobre la interceptación de un teléfono móvil que pertenece a un ciudadano en específico, le ofrecía una identidad falsa. Así se han espiado a cientos de políticos, empresarios, sindicalistas, y dirigentes de la sociedad, en violación al derecho a la privacidad.
En aquella ocasión presentamos una denuncia, la cual fue engavetada por la autoridad judicial de la época. Lógicamente, para esa época, si bien muchos habían sido víctimas de ese crimen, no menos cierto es que el andamiaje jurídico existente hace diez años atrás era muy distinto al que tenemos hoy. En efecto, la Constitución de 2015 (que en este aspecto es la misma de 2010), consagra en el Artículo 44 el Derecho a la intimidad y el honor personal:
“Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: 3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia, y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley”.
Resulta que el anterior texto es letra muerta en el país. Y peor aún, la autoridad judicial, sobre todo el Ministerio Público se presta a falsear solicitudes con el fin de espiar a dirigentes políticos, empresarios, y dirigentes de la sociedad civil, que forman parte de la oposición al actual régimen. No hay por tanto credibilidad en las investigaciones que se realizan sobre la base de estas manipulaciones, que son una violación al sagrado derecho a la privacidad.
El país tiene muchos problemas, pero uno de los más serios, es el irrespeto a la ley y a los derechos fundamentales, sobre todo a cargo de la autoridad encargada de cumplir con la ley. ¿Quién vigila a los vigilantes? Urge sancionar a quienes consideran que la Constitución es un simple pedazo de papel.
