Alberto Taveras
La estrategia de movilidad constituye hoy una de las apuestas políticas y económicas más viables del Estado dominicano: convertir el transporte masivo en palanca de competitividad, orden urbano y cohesión social. Más que proyectos puntuales, lo que comienza a configurarse es una política pública orientada a reducir el costo del caos vial, mejorar la productividad y anticipar el crecimiento de las ciudades.
En esa dirección, la expansión del Metro de Santo Domingo continúa siendo el eje estructurante del sistema. Bajo la ejecución técnica de la OPRET, la red metropolitana ha ido ampliando su alcance y capacidad operativa.
La próxima inauguración de la Línea 2C, prevista para la próxima semana, no solo conectará nuevas zonas urbanas, sino que enviará una señal clara de continuidad en la inversión estatal destinada a transformar la movilidad y reducir pérdidas económicas asociadas a los congestionamientos.
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A esta ampliación se suma la incorporación de trenes de seis vagones en horas pico, decisión que incrementa la capacidad del sistema sin requerir nuevas infraestructuras inmediatas, optimizando el gasto público ya realizado.
En paralelo, la reorganización de corredores de autobuses busca formalizar rutas, reducir duplicidades y mejorar la eficiencia del transporte colectivo, con efectos directos en el tiempo de traslado y en la estabilidad del servicio.
La estrategia también se proyecta más allá de la capital. El monorriel en Santiago de los Caballeros constituye una intervención estructural para ordenar el crecimiento urbano de la segunda ciudad del país y estimular nuevos polos económicos.
A esto se suma el anuncio del futuro monorriel de Santo Domingo, cuya licitación se prevé próximamente, lo que ampliaría el sistema ferroviario urbano y consolidaría una red de transporte de mayor escala y previsión territorial.
Los teleféricos urbanos han demostrado, por su parte, su utilidad social al integrar comunidades históricamente aisladas al circuito productivo de la ciudad, reduciendo tiempos de desplazamiento y ampliando el acceso a empleo, educación y servicios.
Desde la perspectiva económica, estas inversiones inciden directamente en la productividad nacional, en la reducción del gasto en combustibles y en la valorización del suelo urbano. En el plano político, refuerzan la narrativa de un Estado que busca planificar el crecimiento y no limitarse a reaccionar ante la presión del tránsito.
La política de transporte impulsada por la administración del presidente Luis Abinader apunta, en ese sentido, a convertir la movilidad en un componente estratégico del desarrollo. Si esta visión logra consolidarse con integración institucional y sostenibilidad financiera, el país podría estar sentando bases firmes para acompañar su expansión económica y urbana en las próximas décadas.
