Al cerrarse el plazo para la inscripción de candidaturas a ocupar cargos de jueces en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Superior Electoral, se ingresa ahora a la crucial etapa de selección de esos magistrados a escogerse entre 285 aspirantes.

Aun si represar en la ciudadanía adecuado caudal de conciencia sobre la trascendencia de tal elección, es menester que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a cargo de esas escogencias, se despojen toda pasión o prejuicio y señalen las mejores opciones sobre la base de capacidad, probidad, entereza e independencia.

Partidos políticos, grupos corporativos o litorales de influencias de la sociedad civil deberían abstenerse de incidir de manera desbordante en la elección de tales o cuales magistrados previamente comprometidos a defender sus intereses, porque de lo que se trata es de conformar las instituciones sostén de la democracia y del orden jurídico.

Se requiere que todos y cada uno de los aspirantes a ser nombrados en cualquiera de las altas cortes sea rígidamente depurado y que sus hojas de servicio público o privado no motiven la menor duda en términos de preparación académica, experiencia profesional, honradez personal y deseo de servir.

Es verdad que son netamente políticos los puestos de jueces de la Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, pero no se confunda esa acepción que nace del hecho de que tales funcionarios son escogidos por un órgano- Consejo de la Magistratura-, cuyos miembros son escogidos por elección directa o indirecta, con una distribución de canonjías partidarias.

Esta segunda ola de reforma judicial debe cumplir su cometido de creación y consolidación de cortes y tribunales que serán ojos y oídos del orden constitucional, rectores y custodia de una sana administración de justicia, que incluye la garantía de celebración de elecciones libres y transparentes.

Sobre los hombros del presidente Leonel Fernández, quien preside el Consejo de la Magistratura, recae la responsabilidad histórica de dirigir un proceso de selección de jueces ejemplar, sin que ninguno de esos magistrados sea escogido en base a perfiles pre fabricados o a componendas partidarias.

La sociedad toda está compelida a vigilar muy de cerca todo lo relacionado con el nombramiento o ratificación de los magistrados de las altas cortes, en el entendido de que los jueces seleccionados serán vigilantes de los altares de la democracia.