Santo Domingo.– La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) exigió al Gobierno dominicano el cumplimiento inmediato de la indexación salarial de los jubilados y pensionados del magisterio, conforme a lo establecido en la Ley No. 451-08, que regula el régimen de pensiones y jubilaciones del personal docente del sector público.

La organización recordó que el párrafo del artículo 170 de dicha ley dispone de manera expresa que las pensiones y jubilaciones del personal docente deben ser reajustadas periódicamente, de acuerdo con la inflación y el costo de la vida.

Este reajuste, según la normativa, debe realizarse cada tres años a través del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), con el propósito de preservar el poder adquisitivo de los docentes retirados.

“El incumplimiento de esta disposición legal constituye una violación flagrante a los derechos adquiridos de miles de maestros y maestras jubilados y pensionados, quienes hoy enfrentan condiciones de vida cada vez más precarias como consecuencia del impacto acumulado de la inflación”, afirmó Menegildo de la Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.

De la Rosa denunció que la negativa del Estado a aplicar la indexación ha provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo, lo que ha condenado a los jubilados del magisterio al empobrecimiento, a pesar de haber dedicado décadas de servicio a la educación pública dominicana.

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Asimismo, la CMJPD advirtió que el magisterio activo también continúa perdiendo poder adquisitivo, al señalar que los aumentos salariales otorgados en 2022 y 2024 fueron ajustes puntuales que no constituyen una política de indexación permanente capaz de proteger los salarios frente al incremento constante del costo de la vida.

Finalmente, la organización exhortó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación a implementar un mecanismo automático y periódico de indexación salarial, tanto para los jubilados y pensionados como para los docentes en servicio, vinculado al índice de inflación, a fin de garantizar condiciones de vida dignas para el magisterio dominicano.