La de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos es una ley común a varios países de la región, concebida para perseguir el enriquecimiento no justificado, el lavado de activos y otras prácticas corruptas que han lastrado la prosperidad y el desarrollo de estas naciones. Pese al tiempo que lleva en las cámaras legislativas y a las presiones de distintos sectores la pieza, sancionada en mayo por el Senado, todavía no ha sido conocida por la Cámara de Diputados.
La demora en la aprobación del proyecto contrasta con la relevancia que le otorgaron Estados como Colombia, Perú y Guatemala, que hoy pueden exhibir verdaderos trofeos en la lucha contra la apropiación de recursos públicos y el blanqueo de capitales.
La ley no es la panacea para acabar con la corrupción, sí es un instrumento importante que abre por lo menos esperanza de que algún día puedan transparentarse esos dudosos patrimonios, que no han sido alcanzados con la magia del rey Midas. Con tantas fortunas acumuladas sobre la base de funciones públicas puede sospecharse que con su evidente apatía los legisladores tratan de evitar correr la misma suerte de los patrocinadores de la guillotina.
No deja de levantar ruido la indiferencia de las propias autoridades y de los partidos políticos, incluidos lo de oposición, para dotar al país de una herramienta que algún momento contribuya a recuperar los recursos que le han robado al pueblo o se han adquirido a través del narcotráfico.
Al dar cuenta de que la corrupción en el país estaba desbordada, basada en informes de organizaciones internacionales, la embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, habló de la importancia de la ley de extinción de dominio para el decomiso civil de los bienes ilícitos, pero ni siquiera los sectores de más peso de la sociedad civil le prestaron atención.
No sin fundamento suele pensarse en muchas ocasiones en la complicidad entre las causas que han provocado esta suerte de frustración que agobia a segmentos sociales frente al círculo vicioso en torno al cual gira la nación, con males que en lugar de despejarse no hacen más que agravarse.
La ley de extinción de dominio, uno de los proyectos básicos para recuperar los recursos sustraídos a la salud, educación, seguridad y a obras de desarrollo, ha debido ser parte de la plataforma para perseguir la corrupción.
No es que no se cuenten con instrumentos, pero con la legislación a los perseguidos no habrá que probarles que su patrimonio fue adquirido a través de prácticas reñidas con la ley, sino que ellos tendrían que demostrar que lo obtuvieron de manera lícita.
En este país de tantas villas, torres, fincas, vehículos de lujo y estilo de vida principesco son muchos, sobre todo político, los que tendrían que poner sus cuentas claras.
