La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, formalizó el pasado viernes una querella penal contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, acusándolos de difamación e injuria por divulgar contenidos falsos sobre su vida personal.
La acción judicial fue presentada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a través de su abogado Miguel Valerio Jiminián, y se fundamenta en violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, así como al artículo 367 del Código Penal.
De acuerdo con el documento depositado, tanto Martínez como Jorge difundieron acusaciones “injuriosas y carentes de fundamento” que intentan vincular a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas morales reprobables.
Las declaraciones públicas, según se detalla, han afectado la dignidad de la ministra y han tenido especial impacto en su entorno familiar, incluyendo un hijo menor de edad.
Perdón no aceptado
Tras las disculpas ofrecidas por Ángel Martínez durante el fin de semana, la defensa de Faride Raful dejó claro que no se trata de un perdón válido en términos legales ni personales.
“El imputado no reconoce que difundió informaciones falsas, difamatorias y hirientes, por lo tanto no hay arrepentimiento real”, sostuvo el abogado Valerio.
En cuanto a Ingrid Jorge, Valerio indicó que la comunicadora sigue reiterando sus acusaciones sin presentar pruebas. “En los próximos días será requerida para que, tal y como dijo, asuma su responsabilidad y presente evidencias ante el juez”, afirmó.
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Antecedentes
La querella actual es el cumplimiento de un anuncio previo hecho por la propia Faride Raful en marzo de este año, cuando advirtió que tomaría acciones legales contra quienes estuvieran detrás de una campaña de desinformación en su contra.
En ese entonces, calificó de “cruel y perversa” la difusión de contenido falso que le involucra y aseguró que no permitiría más ataques a su integridad ni a su familia.
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Raful ha reiterado que su objetivo es defender su reputación y sentar un precedente contra el uso malicioso de las plataformas digitales para atacar la honra de figuras públicas. “La libertad de expresión no puede convertirse en una herramienta para la impunidad”, ha dicho en declaraciones anteriores.
El Nacional
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