Debe estar muy lacerada la percepción colectiva sobre la democracia si al 68% de la población dominicana no le importa tener un gobierno no democrático, siempre y cuando sea eficaz, como revela el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2021 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esa ominosa percepción se expande por toda América Latina, donde el 46% cree que la democracia no funciona, tanto así que aquí el 50% llega a considerar como aceptable que el presidente de la República controle a los medios de comunicación.
El descrédito de los valores democráticos parece estar asociado con generalizada injusticia social y económica, lo que motiva que amplios segmentos poblacionales consideren que el país ha estado gobernado en beneficio de intereses de unos pocos.
En el informe del PNUD se define a América Latina y el Caribe como una región de grandes contrastes, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema, donde además el crecimiento es muy volátil y la productividad muy baja.
La baja valoración de la democracia tendría su génesis en lo que el PNUD denomina “doble trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento”, círculo vicioso que en América Latina, además de injusticia económica y social, genera el 34% de las muertes violentas en el mundo.
La democracia está en crisis en América Latina, como lo postula ese órgano de la ONU, cuyos causales principales datan de antes de la pandemia, aunque agravada por la afectación de la covid-19, lo que obliga al liderazgo político, económico y social dominicano a procurar revertir aquí ese malestar.
Ese informe del PNUD ubica a República Dominicana junto a Haití y Venezuela entre los países de América Latina con políticas más ineficaces para garantizar una competencia justa, debido a deficientes políticas antimonopolio, clara expresión de crónica desigualdad y exclusión.
El contenido del Informe sobre Desarrollo Humano 2021 debería ser materia de estudio y ponderación obligatoria para el Gobierno, partidos, empresariado, academia y sociedad civil, compelidos a rescatar el prestigio de una democracia enferma de credibilidad y agobiada por el virus de corrupción, desempleo, marginalidad, inseguridad y privilegios.
