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El presidente Luis Abinader y sus colaboradores deberían articular un plan para frenar los partos de las haitianas ilegales, toda vez que crece cada día el alumbramiento de niños de mujeres indocumentadas que están lesionando por partida doble nuestra soberanía y el presupuesto destinado para atender las patologías de los dominicanos.

Reitero que los partos de las haitianas ilegales siguen una curva ascendente, llegando a más de 30 mil en lo que va de año, casi un porcentaje similar al 2023, una situación muy grave que, no solo implica la presión al presupuesto de salud, sino también a nuestro sistema de seguridad, poniendo en peligro los mismos cimientos de la República, por el flujo de inmigrantes diarios que cruzan la frontera, supuestamente vigilada por miembros de las Fuerzas Armadas.

Tenemos, pues, una invasión de Haití por los vientres de las parturientas que paren cada una seis niños y los que entran por la zona fronteriza, formando varios batallones de quintas columnas que tienen todas las ventajas de triunfar en cualquier batalla, en defensa de la soberanía.

El problema es tan serio y peligroso, que ha despertado a muchas voces autorizadas sugiriendo propuestas para enfrentar el éxodo de las embarazadas, y no desmayar en el proceso de deportación masiva, dado que tenemos más de dos millones de haitianos residiendo en el país, de manera irregular, quitándole los espacios a los dominicanos en muchos aspectos, entre los que podrían citarse, los empleos formales e informales, las viviendas de alquiler para el uso familiar, el acceso a la educación y a los planes de salud.

En 2019, parieron 27, 964; en el 2020, 35,662; en 2021, 37,943; en el 2022 38,555; en el 2023, 29,210, y el 2024, 29,310, la sumatoria de esas cifras, indican que unos 200 mil niños ilegales.