La Constitución de la República establece con meridiana claridad que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas, y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar, por lo que la sola mención de una posibilidad de que los institutos armados se involucren en la campaña electoral constituye un inaceptable desafío a la Carta Magna.

No afloran evidencias ni pruebas fehacientes que sustenten denuncias sobre intervención de militares en favor o en contra de candidatos y partidos intervinientes en el proceso comicial, pero sería pertinente que el Comandante en jefe de esas instituciones armadas despeje hasta la más mínima duda al respecto.

El Texto Sustantivo en su artículo 252 enumera el rol de las Fuerzas Armadas, entre el que resalta la defensa de su independencia y soberanía pero, sabiamente, el constituyente las involucró en la promoción del desarrollo social y económico del país, para sacar provecho de sus potencialidades.

Los militares que sirven de custodios a funcionarios del Estado deben estar conscientes de que su papel se limita a proveer seguridad o asistencia y nunca involucrarse en actividades partidarias, pues sería una flagrante violación a la Constitución y, por tanto, una acción punible desde el ámbito penal.

Sobre las Fuerzas Armadas recae la mayor responsabilidad de garantizar, desde el punto de vista material, elecciones libres, concurridas y transparentes, en razón de que sus miembros integran la Policía Electoral y de que han sido encargados de la distribución de los materiales a usar en los colegios electorales.

Partidos y candidatos están compelidos a excluir de su agenda de debates a los institutos castrenses a menos que la mención no sea para incrementar su eficiencia operativa y la calidad de vida de sus miembros, o que de verdad se posean evidencias de que militares incursionan en actividades políticas.

Los mandos militares están compelidos a sustentar con el ejemplo el oportuno comunicado en el que reiteraron la condición de apoliticidad de sus instituciones y ofrecieron garantías de que no serán deliberantes en el actual proceso electoral.

La sociedad dominicana confía en la honorabilidad de sus Fuerzas Armadas, su vocación de servicio, su elevada conciencia cívica y patriótica y su determinada resolución a cumplir cabalmente con la Constitución, en el entendido de que nunca su comandante en jefe les pediría que la violara o que se apartaran de su sagrada misión de defender la independencia y la soberanía nacional.