POR: Susi Pola

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El Proyecto “Fortalecimiento de la Acción de la Policía Nacional en la Lucha y Atención a las Víctimas de Violencia Basada en Género”, ejecutado por Profamilia apoyada por la Unión Europea, recibió el pasado junio, a la Licda. María Dolores Fernós, abogada especialista en Género y Derechos Humanos, profesora de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Catedrática Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Convocada por Profamilia, la Procuraduría General de la República y la Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional, la conferencia fue sobre género y seguridad ciudadana, en ella participaron oficiales superiores y subalternos, así como alistados de la PN, y ministerio público participante en el nombrado Proyecto.

Fernós, se refirió al género y seguridad ciudadana, partiendo de la necesidad de entender las diferencias en las maneras cómo hombres y mujeres reaccionamos, es decir, entendiendo los contextos en que mujeres y hombres nos desenvolvemos, para poder modificar las respuestas institucionales hacia la compleja violencia de género.

Para garantizar la seguridad ciudadana, hay que reconocer que hay sectores excluidos de esa protección, históricamente marginados en la atención del Estado a sus derechos ciudadanos. Una marginación que gravita en el imaginario sociocultural actual, impidiendo identificar desigualdades normalizadas en la cotidianidad.

Fernós, definió tres conceptos que explican cómo las sociedades fundamentan el comportamiento “debido”, de mujeres y hombres: el discrimen, el género y la perspectiva de género. Todo un “conjunto de conocimientos, intuiciones, saberes y actitudes acumulados por hombres y mujeres a través del tiempo. Patrones culturales, sociales, políticos y jurídicos, producto de procesos históricos de raíz muy profunda”.

Después del análisis breve de las diferencias de género, la especialista profundizó sobre el tema de la seguridad ciudadana, llamando la atención a lo grave “que las prácticas discriminatorias que se producen en las instituciones principales como los tribunales, o los cuerpos policiales, tiendan a reproducir el discrimen, o peor aún, a avalarlo, para lo que se requieren esfuerzos inmediatos, sostenidos y efectivos para remediar la situación y las mejores prácticas”.

Como aseveración, Fernós decía que, “No hay un mensaje más destructivo para la confianza pública en su sistema de justicia que comprobar que existe un trato diferencial o preferencial hacia los integrantes de la fuerza que violentan la ley, sobre todo en los casos de violencia de género, el mensaje hacia las víctimas es en esa circunstancia demoledor, pues la coloca ante una realidad de absoluta indefensión”.