La fuga de dos pilotos franceses condenados a 20 años de prisión por narcotráfico internacional, en una operación de comando en cuya planificación se involucra a un legislador francés, constituye un suceso de graves repercusiones diplomáticas porque implica violación a los espacios marítimo y terrestre de la República.

Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Victor Odo fueron acusados de intentar despegar un avión desde el aeropuerto de Punta Cana con 700 kilos de cocaína con destino a Francia, en marzo de 2013, y aguardaban juicio de apelación a la condena que les fue impuesta.

Lo que se dice es que un grupo de ex militares franceses ingresó por vía área y marítima a República Dominicana para ejecutar el plan de fuga que consistió en sacar a los dos condenados por narcotráfico a bordo de una lancha rápida hasta la isla San Martín, desde donde viajaron por avión a París.

Medios de prensa galos mencionan al eurodiputado ultraderechista e instructor de escuelas navales Aymeric Chauprade como vinculado a la planificación del plan de fuga, aunque lo que se sabe es que ese legislador se reunió en Santo Domingo con los pilotos fugados.

El gobierno francés ha apresurado una declaración en la que se desvincula de todo lo relacionado con la operación de escape, la que afirma fue planificada y perpetrada “a título personal”.

La gravedad del suceso no estriba en que dos acusados de narcotráfico evadan la persecución penal, sino en el hecho de que la fuga fue planificada en el extranjero y ejecutada por un comando integrado por personas “que conocen bien el arte de la guerra y el manejo de las armas”.

Ese comando violó la soberanía marítima dominicana y quienes ingresaron por vía área violaron leyes migratorias con propósitos de generar situación de violencia, al propiciar la fuga de dos extranjeros condenados por narcotráfico.

La cancillería dominicana está en el deber de solicitar al gobierno de Francia la apertura de una investigación sobre tan grave suceso, identificar y someter a la justicia a los miembros de ese comando y a quienes planificaron la fuga de esos reos, quienes deben ser retornados a Santo Domingo para ser juzgados y condenados por un crimen de lesa humanidad.