Todo lo relacionado a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), obra cumbre de la mega corrupción administrativa del pasado gobierno y tatuada en el cuerpo político de Danilo Medina, está bajo sospecha, genera controversias y debe ser transparentado al pueblo, como el actual fideicomiso.

Las indelicadezas con esta obra pública abarcan, como el lema ferretero, “desde la varilla inicial hasta la pintura final” porque Punta Catalina nació con el pecado original que no pudo expiar ni la ilegítima comisión creada por el pasado presidente de la República para tratar de “lavar” el robo al erario. La nueva figura jurídica del fideicomiso, con sus tres componentes básicos todos estatales, tiene que ser explicada con detalles entendibles que no dejen espacio a dudas razonables sobre todo cuando se incluye una comisión técnica, dominada por el sector privado, que parece ser vía de enajenación.

De Punta Catalina y su pecado original quedan pendientes de informar al pueblo con precisión de reloj suizo la propiedad de los terrenos donde fue levantada, bajo qué condiciones o contratos, su situación actual y, sobre todo, porque ese inmueble no fue declarado de utilidad pública e interés social.

El impacto ambiental actual no puede estar ausente en este inaplazable ejercicio de transparencia gubernamental que le ha tocado al actual presidente como herencia de su antecesor, en específico la decisión sobre el combustible a utilizarse, el cambio inexplicado a lo peor, y el daño latente al ecosistema.

Cualquier lado que se mire, del caso de la CTPC huele mal, es como si fuese una puta cuya reputación nunca ha estado en duda porque el antiguo administrador del cabaret fue su mejor celestino y ahora los platos rotos tiene que recogerlos su sucesor enredado en novedoso fideicomiso público.