El Ministerio Público debe depositar hoy, a más tardar a las 8:00 de la noche, la solicitud de medida de coerción que presentará contra ocho imputados por el desfalco millonario cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano acusador trabajaba esta mañana en el pedimento que remitirá al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los imputados en los alegados actos de corrupción administrativa ocurridos en Senasa permanecen este lunes presos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de la medida de coerción que deberá ser depositada por el Ministerio Público antes de finalizar la noche.

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De los ocho imputados, solo Iván Minaya fue visitado esta mañana por su abogado Jaime Terrero, mientras los demás esperan la medida de coerción que presentará hoy el Ministerio Público.

Se supo que, contra todos los imputados, el Ministerio Público pedirá la imposición de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.

El grupo fue apresado ayer mediante la puesta en marcha de la denominada Operación Cobra, con el objetivo de lograr sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

En la operación fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, y otras siete personas imputadas de defraudar esta ARS pública, provocando pérdidas de miles de millones de pesos, mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posible judicialización conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.

Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó también al arresto de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que quienes han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado cada peso sustraído del patrimonio público.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) demandó una investigación rigurosa e imparcial que identifique a los responsables, permita recuperar los fondos sustraídos y aplicar las sanciones correspondientes.

La entidad empresarial reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo nacional.

“Exigimos que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan. Esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento institucional”, señala el comunicado.

No obstante, el gremio empresarial pidió que en las pesquisas se respete el debido proceso y las garantías constitucionales.

“Al mismo tiempo, defendemos plenamente el respeto al debido proceso: ninguna acción de justicia debe desvirtuarse en persecución política ni en juicios mediáticos. La garantía de derechos, la objetividad y la verdad deben guiar cada paso del sistema de justicia”, agregó.

El consejo empresarial condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, reiterando su llamado a investigaciones completas y responsables.