Hugo Beras
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, comenzará a defenderse a partir de hoy de la acusación de corrupción administrativa que pesa en su contra.
Junto al ex funcionario están acusados el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de dicha institución.
Estructura
El Ministerio Público los acusa de desfalcar al Estado con más de 12 mil millones de pesos, a través de una estructura mafiosa que se creó con la elaboración del nuevo sistema de semaforización para el Gran Santo Domingo.
Juzgado
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la magistrada Yanibet Rivas, es el responsable de determinar si envía a juicio de fondo o de lo contrario dicta un auto no ha lugar a los imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas.
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Empresas vinculadas
En el expediente también figuran como imputados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.
Investigación
El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Según el órgano acusador, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
