Tras ocho meses que se le otorgaron para documentar las supuestas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), en las que se involucra al exdirector Hugo Beras y al empresario José Ángel Gómez (Jochi), deja un sabor amargo que el Ministerio Público solicitara otros cuatro para concluir el proceso.

No se sabe qué tan complejo pueda ser el caso para que la investigación se extienda por un año. Con los antecedentes de otros escándalos que al final han colapsado la capacidad de la Pepca en las investigaciones deja mucho que desear.

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Si la magistrada Patricia Padilla niega la prórroga en la audiencia pautada para el 17 de julio, entonces comienza otro calvario que pone en dudas la suerte del proceso.

Hugo Beras y Jochi Gómez son imputados por estafa, lavado de activos y terrorismo a través del plan de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

En estos días el caso saltó a la palestra con el allanamiento a la residencia del productor artístico Aquiles Jiménez, a quien se sindica como miembro de la presunta estructura que defraudaría al Estado. Los nubarrones plantean sus inquietudes.