Aunque pueden mercadearse como cambios rutinarios, las remociones en la Administración Pública dispuestas por el presidente Luis Abinader parecen encaminadas a conjurar crecientes ruidos mediáticos en torno a procesos de licitaciones irregulares y a aliviar el escozor causado por los aumentos de sueldos que se aplicaron algunos funcionarios.
A once días para arribar a su segundo año, el Gobierno confronta crisis de reputación a causa de escándalos relacionados con la adjudicación por parte del Ministerio de Educación de contratos para la adquisición de libros digitales, cuyos supuestos autores serían un chofer y un herrero.
Mediante decreto 414-22, el presidente Abinader destituyó al ministro de Educación, Roberto Fulcar y en su lugar nombró a Ángel Enrique Hernández Castillo, actual rector de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Fulcar fue designado ministro sin cartera.
El mandatario también removió de su cargo de director de Migración, a Rafael Enrique García, quien fue centro de una controversia pública al pretender dotar de carnet fronterizo a haitianos que participan en los mercados binacionales. En su lugar fue nombrado Venancio Alcántara, en tanto que García fue designado cónsul general en Boston, Massachusetts.
Al destituido director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias Ramírez, se le atribuyó confrontar conflicto de intereses porque ostentaba la dirección del Consejo Nacional del Transporte (Conatra), cuyo líder principal es el senador Antonio Marte. En su lugar fue designado Hugo Beras.
La única remoción al parecer alejada de escándalos o ruidos mediáticos ha sido la correspondiente a César Cedeño, quien desempeñaba las funciones de director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), nombrado cónsul general en Puerto Rico y sustituido por Rafael Abraham Burgos Gómez.
Más que rutinarias, esas destituciones o remociones parecen encaminadas a conjurar brotes de escándalos o ruidos mediáticos que emanan desde diversas instituciones públicas, en algunas de las cuales aún se escuchan los bullicios.
Es obvio que la decisión presidencial procura proveer de oxígeno a una administración pública diezmada por una preocupante humareda reputacional que amerita ser sofocada antes de que genere un incendio político de mayores proporciones.
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