El caso de fraude de más de 15 mil millones de pesos contra el estatal Seguro Nacional de Salud (Senasa), conforme la acusación del Ministerio Público, es la última oportunidad para creer en la efectividad del combate a la corrupción y será punto de inflexión por la indignación popular que provoca.

El entramado delictivo presentado por los fiscales supone un crimen de tal magnitud que no solo es otra sangría al erario, sino que tiene de elemento agravante atentar contra la salud de miles de pacientes, con implicaciones hasta mortales, y esquilmar recursos destinados a servicios médicos a necesitados.
No es un caso de la Era del PLD.

Está fundamentado en hechos del ejercicio gubernamental del PRM, quiérase o no salpica la pulcra gestión actual y marca la línea de Pizarro y reiterada actitud del presidente Luis Abinader, al decir que “tengo amigos, pero no cómplices”, con respecto a la corrupción.

Este nuevo escándalo, que podría tener mayor impacto social que todos los anteriores por la naturaleza misma del perjuicio a los usuarios de SeNaSa, merece ser dilucidado en el ámbito judicial sin contaminación política, con la mayor presteza y transparencia, y para sentar precedente de condena ejemplar.

El común de la gente no entiende los vericuetos jurídicos y tácticas de la defensa, en base al debido proceso, para retrasar y desgastar el caso en la opinión pública, como ha pasado con anterioridad, de suerte que ante el cúmulo de pruebas que afirma tener el Ministerio Público, se llegue a rápida conclusión.

La voluntad general, evidenciada en la crispación social provocada por la magnitud del caso, y la firme actitud del presidente Abinader de apoyar castigo ejemplar a los responsables del robo en SeNaSa, sin importar su condición, obligan al órgano persecutor y acusador a probar y convencer a los jueces para que por primera vez se produzca una sentencia de pena máxima a la corrupción.