No parece justo que al Estado se le cargue un sobrecosto de 1,249 millones de pesos para completar $1,449 millones que la Junta Central Electoral (JCE) requiere para el montaje de las primarias abiertas en las que participarán cinco partidos y tres movimientos políticos.

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que los partidos políticos deben asumir el financiamiento de los procesos electorales internos, tal y como lo establece la ley 33-18, al advertir que el Gobierno no va a asumir ese gasto, lo que coloca a la JCE en una difícil disyuntiva.

Los partidos participantes en las primarias solo aportarían 200 millones de pesos, suma irrisoria ante los más de $1,700 millones que reciben como subsidio del Estado, por lo que en términos proporcionales el proceso de escogencia de candidatos saldría más costoso que las elecciones generales.

La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos estipula que cada organización partidaria debe asumir los costos de sus propias primarias, por lo que resulta inaceptable que la JCE asuma el pago de todas esas fiestas.

Tal parece que la dirigencia de los partidos que optan por primarias abiertas aspiran a que con dinero de los contribuyentes se organice una especie de juegos olímpicos o de algún mundial de fútbol, lo que sería un derroche incompatible con la propia democracia a la que se aspira salvaguardar.

Los fondos adicionales que la JCE ha aprobado para la celebración de primarias abiertas no figuran en ningún apartado de la Ley de Gastos Públicos, por lo que se ignora la forma de obtenerlos, sin que se viole un estatuto que instituye el Presupuesto General del Estado.

Los partidos políticos y la propia Junta Central Electoral están compelidos a arroparse hasta donde alcance la sábana, en el entendido de que es posible garantizar elecciones internas transparentes y concurridas sin necesidad de tirar la puerta por la ventana.

Lo sensato sería que los partidos usen el dinero público asignado para financiar sus propios comicios internos y que la JCE reduzca las expectativas de organización y costos de esos eventos, porque sería una irracionalidad pretender que la sal cueste más que el chivo.