Desde los predios de la oposición y de economistas que se suponen independientes se ha denunciado con insistencia que en los primeros cuatro meses de este año el Gobierno ha superado con creces el déficit fiscal que se había proyectado para todo el 2012. Cierto o no, la verdad es que se han tomado decisiones cuestionables, que generan suspicacias sobre el desempeño de las finanzas públicas.

Un ejemplo es que, con diferentes excusas, durante las últimas ocho semanas el Ministerio de Industria y Comercio ha mantenido sin variación los precios de los carburantes en el mercado interno. Sin embargo, bajo el pretexto del sacrificio la Superintendencia de Electricidad reconoció que en los primeros cinco meses el subsidio a la tarifa ascenderá a 7 mil millones de pesos. Una barbaridad en comparación con lo presupuestado.

Por más reales que fueran las estadísticas que suele exhibir el Gobierno para sustentar la buena salud de la economía, solo crisis como las que se ciernen sobre España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda, son suficientes para actuar con cierta cautela e incluso blindarse, siguiendo el patrón de otros países mejor ranqueados de la región.

La nación no está para lujos en materia de gasto que se han observado durante este proceso electoral. Además de los sacrificios con los carburantes y la electricidad es mucho el dinero que se ha invertido en asuntos oficiales con inconfundible sello proselitista.

El déficit para los 12 meses de este año se proyectó en 22,300 millones de pesos. Hay economistas que hablan de un desbalance, de enero a abril, de 28 mil 500 millones de pesos, en tanto el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, afirmó que el descuadre supera los 61 mil millones de pesos.

La realidad sobre la economía no se sabrá hasta después del 16 de agosto, si es que las autoridades que resultan de las próximas elecciones deciden transparentarla, aun sea para justificar una reforma fiscal. Si es el oficialismo, que ha sido el gran beneficiado de los excesivos gastos en que ha incurrido el Gobierno y contra los que no se ha pronunciado, está preparado para atribuirla de antemano al entorno internacional.

Las autoridades han callado sobre el déficit que se ha denunciado o se han conformado con descalificaciones o respuestas políticas. Sin embargo, desde el instante mismo en que se interrumpieron las revisiones ni tampoco se renovó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hizo evidente que se quería manos sueltas para gastar sin control alguno.

Si la situación económica es como la han descrito el candidato de la oposición y economistas independientes, el Gobierno se ha decantado por una estrategia tan peligrosa como repudiable. Es más que innoble legar un saco de faquir para que el electorado añore el presente que termina y no el futuro que comienza. Las perspectivas, por tanto, son inciertas.