El ataque militar a gran escala perpetrado la madrugada del sábado por Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, constituye en principio una grave violación al derecho internacional que coloca a América Latina sobre un barril de pólvora.

La acción bélica incluyó intensos bombardeos sobre instalaciones militares en Caracas y los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, lo que ha sido calificado por el tambaleante gobierno venezolano como una gravísima agresión militar, al tiempo que reclamó señales de vida del presidente Maduro, a quien ayer mismo llevaban a Nueva York junto a su esposa a bordo de un buque de guerra.

Tras la captura de Maduro y su esposa, el presidente Trump anunció que Estados Unidos gobernará a Venezuela hasta que haya una transición segura y apropiada, además de advertir la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses efectúen un ataque de mayor intensidad si fuera necesario.

Con Maduro se repite la historia de hace 36 años, cuando 27 mil tropas estadounidenses invadieron a Panamá para destituir al presidente Antonio Noriega, a quien apresaron el 3 de enero de 1990 y extraditado a Estados Unidos donde fue condenado por narcotráfico y lavado de dinero, mismos crímenes que se imputan al destronado presidente venezolano.

Trump también informó durante un posterior encuentro con la prensa que Estados Unidos asumirá el control de la industria petrolera venezolana, al insistir en que esa nación recuperará propiedades que ostentaban en esa industria y advertir que no permitirá que los remanentes del régimen de Maduro continúen en el Poder.

En el nuevo escenario que aflora después del operativo militar que concluyó con el apresamiento y extradición del presidente Maduro y de su esposa, se resalta que Estados Unidos se atribuya el derecho de administrar o gobernar a Venezuela y de retornar propiedades y riquezas de su industria petrolera a empresas estadounidenses.

Sin importar si el régimen venezolano fuera calificado de ilegítimo por la oposición venezolana y la Casa Blanca, la invasión militar que conllevó su captura y extradición a Estados Unidos viola el derecho internacional y coloca a América Latina en un escenario de incertidumbre política, económica y militar.

República Dominicana está compelida a actuar con cautela en un escenario regional minado por crisis de inseguridad e intervencionismo, sin renunciar a su deber de condenar lo ocurrido en Venezuela como una violación al derecho internacional.