Con el absurdo, ridículo y antijurídico pretexto de que el nombre de sus empleados es una información de carácter íntimo, la presidencia de la Cámara de Diputados incurre en grosera violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, un derecho ciudadano consagrado en un estatuto que ese Poder Legislativo aprobó.

¿Cómo es posible que se alegue que la nómina de empleados y funcionarios de una dependencia del Estado, no relacionada con la seguridad nacional, es una información vedada al ciudadano ordinario?

Un reportaje del diario El Caribe hace constar que el Senado de la República publica en su portal digital cada uno de los capítulos de su nómina, con los nombres y apellidos de sus empleados, pero en la Cámara baja consideran que esa simple información constituye un secreto de Estado.

¿Qué se oculta detrás de ese estrambótico interés en mantener vedada al público una lista de servidores cuyos salarios y privilegios salen de las costillas de los contribuyentes?

La ley 200-04, de autoría del entonces senador peledeísta José Tomás Pérez, no refiere en ninguno de sus artículos la prerrogativa de ocultar una nómina de empleados, posiblemente desbordada, como lo pronunció el Tribunal Constitucional con la sentencia que obligó al Congreso a revelar con nombres y apellidos la lista de sus asesores.

La Cámara de Diputados, con su extraña reticencia al cumplimiento de la ley contradice normas de transparencia ya superadas en el mundo civilizado y viola referencias del derecho internacional y, obviamente, la carta de filiación del Estado dominicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como si fueran extraterrestres, el presidente de ese hemiciclo, Abel Martínez, ha dispuesto publicar una nómina de empleados sin nombres ni apellidos, bajo el alegato de que la identificación de una persona consignada en el Registro Civil es una información de carácter íntimo.

Al rechazar con todo vigor y determinación ese comportamiento contrario a la ética y transparencia, lo menos que se puede reclamar es que los ciudadanos afectados por tan manifiesta intolerancia y opacidad, recurran ante el tribunal constitucional, en la convicción de que ningún cacique puede estar por encima de la ley.