Hace más de un año, precisamente el 17 de septiembre de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, un juez de atención permanente de Monseñor Nouel, dictó tres meses de prisión preventiva contra un supuesto defensor de los derechos humanos, sorprendido en más de una ocasión dirigiendo invasiones de terrenos privados.

Un año después, la historia se repite sólo que esta vez el problema es mayor, porque según denuncias desde Sonador, las invasiones de ahora son alentadas por la gobernadora de la provincia Raquel Jiménez, y el alcalde Eberto Núñez.

Todos sabemos que en período de campaña electoral, en crisis sanitarias y cuando el país es afectado por fenómenos atmosféricos surgen bandas de facinerosos que invaden propiedades privadas para luego exigir al Gobierno solares o extorsionar a los propietarios de los terrenos para que le otorguen dinero o una parte de los predios.

La gravedad de las informaciones que llegan desde Bonao, es que funcionarios del Gobierno hacen causa común con los invasores, poniendo en peligro un proyecto energético, además de que se vería desde el punto de vista jurídico como un atentado a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, en momento en que el presidente Luis Abinader procura aumentar las inversiones extranjeras en el país.

Los invasores alegan que los terrenos son propiedad del IAD, lo que no es un argumento valedero para ocuparlos de manera violenta e ilegal, mientras la Sociedad Comercial River Stone, reclama su propiedad con documentos reconocidos por las autoridades judiciales de Bonao, lo que motivó una orden de desalojo de más de 200 invasores hace dos semanas.

La Sociedad Comercial River Stone dice que adquirió los terrenos para instalar un parque eólico para producir energía renovable y crear empleos.

Las autoridades deben tomar en serio este problema, porque cuando se menciona que funcionarios hacen causa común con acciones ilícitas y no reciben las sanciones correspondientes, podría crear ruidos en el ámbito internacional que perjudiquen las inversiones extranjeras en el país.