El proyecto de reforma fiscal enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo incluye un impuesto de dos pesos al galón de gasolina y gasoil dizque para destinarlo al mantenimiento de la estructura vial y para la renovación del transporte público, lo que lo tipifica como un gravamen irracional que implica doble tributación y privilegia a clanes empresariales que fungen como dueños del país.

Se suponía que el financiamiento para reparación y mantenimiento de autopistas y carreteras provenía del impuesto de 30 pesos que se obliga a pagar a choferes y conductores de vehículos de todo tipo que cruzan por los puestos de peaje, por lo que no se entiende que se cree otro con los mismos fines de ley.

Lo peor de ese impuesto al gasoil y gasolina, que recaudaría cientos de millones de pesos, es que ha sido propuesto también para enriquecer aún más al oligopolio seudo sindical que controla el negocio del transporte público de carros y autobuses urbano e interurbano, como si fuera justo obligar a la ciudadanía a sacrificarse para beneficiar a unos cuantos aprovechados.

Se dirá que con lo recaudado por ese absurdo tributo se renovaría el parque de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), pero gran parte de esos recursos serían para adquirir centenares de carros y minibuses que los jefes de esos clanes manejarían o distribuirían a su antojo como ha sucedido con todos los planes de renovación del transporte público.

¿Por qué el Gobierno pretende penalizar aún más a la ciudadanía para consolidar los negocios de clanes de transportistas que se erigen como dueños del país al implantar tipos de oligopolio y monopolio que generan más rentabilidad que cualquiera de las grandes empresas instaladas con el sudor de sus accionistas?

Lo mejor sería que antes de proponer un impuesto que genera privilegio a una claque empresarial en perjuicio de usuarios y consumidores, el Gobierno investigue las razones por las cuales la mayoría de los puestos de peajes fueron privatizados a favor de una empresa extranjera que no ha construido ni un solo metro de carretera.

Como para que la burla sea mayor, en la propuesta de paquetazo fiscal se exonera a minibuses, autobuses y camiones de carga del pago del propuesto impuesto por la emisión de monóxido de carbono, otro privilegio a favor de esos dueños del país.

Duele comprobar que el presidente Danilo Medina también se ha dejado chantajear por esos oligopolios, pero más duele comprobar que el mandatario ha aceptado la absurda idea de extraer de las costillas de los ciudadanos, por vía de un impuesto irracional e ilegal, cientos de millones de pesos, la mayoría de los cuales estarían destinados a enriquecer aún más a esa gente.