SANTO DOMINGO.- El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra del presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), quienes están acusados por falsedad y uso de documentos falsos, estafa agravada, asociación de malhechores y, en el caso del primero, lavado de activos.

El tribunal adoptó la decisión tras considerar que existe probabilidad de condena.

El tribunal en su decisión admitió las pruebas aportadas por todas las partes y declaró inadmisible la querella y la actoría civil interpuesta por varios atletas de la federación al no demostrar calidad ni perjuicio respecto a los tipos penales imputados, y reconoció como víctimas al Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y a la propia Fedopem.

Asimismo, mantuvo vigentes las medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país para ambos imputados, y fijó para el 2 de octubre a las 2:00 de la tarde la lectura íntegra de la decisión.

Los procuradores fiscales Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Aurelio Valdez, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Yanibet Rivas dispuso el envío a juicio de los acusados.

De acuerdo con la acusación, entre 2013 y 2023 la Fedopem administró RD$65,972,975.89 desembolsados por el Miderec, antes Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (Sedefir). En ese período se detectó manejo irregular de fondos en varios ejercicios, lo que dio lugar a las investigaciones.

Las pesquisas incluyeron allanamientos en las provincias Santo Domingo y María Trinidad Sánchez, así como en las oficinas de Fedopem en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (Distrito Nacional), donde se recolectaron documentos y otras evidencias que sustentan la acusación.

Este proceso constituye el primer caso de corrupción en el deporte dominicano, en el que los acusados habrían girado múltiples cheques de la federación para solventar gastos personales, utilizaron conceptos falsos en la justificación de consumos y realizaron maniobras fraudulentas en las liquidaciones periódicas ante el Miderec.

Estas acciones, según el Ministerio Público, les permitían garantizar la inyección constante de recursos mediante subvenciones y aportes estatales.