Santo Domingo.– La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del establecimiento.
Desde tempranas horas de la mañana, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para garantizar el orden durante la audiencia.
El abogado Ángel Lockward, representante legal de más de 20 víctimas, informó que las demandas por indemnización superan los 10 mil millones de pesos. “Hay que pensar en un grupo del que poco se habla: los huérfanos. Son 130 niños que perdieron a sus padres, quienes les aseguraban el futuro, y hoy no saben qué les espera”, expresó el jurista.
Te recomendamos leer: Caso Jet Set: ya son 108 querellas contra los Espaillat
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por su presunta responsabilidad penal en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la noche del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el suceso. La tragedia dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos.
El expediente fue firmado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
Los fiscales acusan a los imputados de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal, que sancionan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.
Tras el colapso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó en el lugar e instruyó la preservación de la escena y los escombros para fines de investigación. Posteriormente, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, entregó el lugar al Ministerio Público una vez concluidas las labores de rescate.
El colapso del Jet Set dejó 235 muertos y más de 180 heridos, generando demandas por 10 mil millones de pesos
Para la investigación técnica, fueron designados los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes determinaron las causas estructurales del desplome.
El informe del Ministerio Público concluye que los hermanos Espaillat mantuvieron una operación comercial negligente durante años, ignorando normas de construcción y seguridad. Según los fiscales, el Jet Set Club funcionaba con deficiencias estructurales graves, tras haber sido transformado de un antiguo cine sin los debidos permisos ni supervisión técnica.
Entre las irregularidades, se destacan la eliminación de una columna estructural clave, sobrecarga progresiva del techo con equipos pesados —como seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas, tinacos y casetas técnicas—, y reparaciones deficientes que solo buscaban reducir costos, pese a que los propietarios estaban plenamente informados del deterioro.
El Ministerio Público también sostiene que los imputados ignoraron advertencias explícitas de sus empleados sobre el peligro inminente. En la misma noche de la tragedia, según la acusación, Maribel Espaillat se negó a suspender la actividad a pesar de la caída de escombros, alegando la ausencia de su hermano y priorizando el beneficio económico.
“El patrón de acciones y omisiones de los imputados revela una conducta sistemática de negligencia que culminó en la pérdida de cientos de vidas humanas”, subraya el expediente, que también denuncia intentos de los hermanos Espaillat de intimidar a testigos clave para obstaculizar la investigación.
Los peritajes técnicos confirman fallas estructurales críticas atribuibles directamente a las modificaciones no autorizadas por los gestores del local, entre ellas anclajes deficientes de vigas y la ausencia de muros de soporte.
“El colapso era totalmente evitable. Las pruebas evidencian que los imputados privilegiaron el lucro por encima del deber de proteger la vida”, concluye el Ministerio Público.
